RIO DE JANEIRO, 30 nov (Xinhua) -- Los fiscales responsables de las investigaciones del caso de corrupción en la estatal brasileña Petrobras amenazaron hoy con dejar los trabajos si "la propuesta de intimidación de jueces y procuradores" es sancionada, en alusión a una reforma aprobada hoy por la Cámara de Diputados y que será analizada por el Senado.
La enmienda prevé una serie de puntos por los que miembros del Ministerio Público podrían responder en caso de abuso de autoridad y que podrían suponer cárcel para aquellos fiscales y jueces que actúen por causas "político-partidarias".
"Somos funcionarios públicos. Tenemos una carrera en el Estado y no estaremos protegidos por la ley (...) No es posible, en ningún estado de derecho, que no se protejan a promotores y procuradores contra los propios acusados", dijo en rueda de prensa el fiscal Carlos Fernando dos Santos.
El procurador abundó que "nuestra propuesta es de renunciar colectivamente en el caso que esta propuesta sea sancionada por el presidente".
Acompañado de un grupo de fiscales, Lima fue muy crítico con el paquete de medidas anticorrupción que fue aprobado durante la pasada madrugada en la Cámara Baja y que incluye la polémica propuesta.
Por su parte, el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores del caso Petrobras, leyó un comunicado hecho por los fiscales de Brasil, y afirmó que la votación en la Cámara de Diputados fue "el golpe más fuerte contra la "Lava Jato" (operación lavadero) concretamente en toda su historia".
Según Dallagnol, si es aprobada la medida, "la propuesta será el comienzo del fin de la 'Lava Jato'".
También reiteró "el compromiso" de fiscales "de avanzar mientras sea posible, trabajando más duro dentro de las reglas de la Constitución y de las leyes para investigar, procesar y castigar la corrupción sea quien sea el criminal (...) no será posible continuar trabajando en la 'Lava Jato' si la 'ley de la intimidación' es aprobada".
El paquete fue aprobado con 450 votos a favor y uno en contra e incluye una enmienda del Partido Democrático Laborista (PDT, siglas en portugués) que especifica "abusos de autoridad" cometidos por jueces y fiscales, que podrían ser condenados a hasta dos años de prisión, en caso de actuar con "motivaciones político-partidarias".
"Aprovecharon un proyecto de combate a la corrupción para protegerse. El motivo fue porque los estamos investigando, estamos descubriendo hechos y llegaríamos mucho más lejos de lo que llegamos hasta ahora", afirmó dos Santos Lima.
Deltan Dallagnol también afirmó que "el instinto de preservación hizo que ellos (los parlamentarios) destruyesen el proyecto contra la corrupción. Esta 'ley de intimidación' sólo tiene un objetivo: la preservación de personas que están bajo investigación de 'Lava Jato'".
La polémica enmienda fue criticada también por los miembros de la Corte Suprema brasileña, cuya presidenta, Carmen Lúcia, criticó que el texto puede "contrariar la independencia del Poder Judicial" y expresó su "integral respeto al principio de la separación de poderes".
En el otro lado, el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien se enfrenta a más de una decena de acusaciones por su vinculación con la trama corrupta, aseguró que el proyecto inicial enviado por el Ministerio Público "sólo es defendible en un régimen fascista". Fin
