ROMA, 7 nov (Xinhua) -- En un caso de una mujer que se quitó la vida, un tribunal italiano determinó el viernes que Facebook debió de haber retirado los videos de la mujer sin tener que esperar una orden explícita de un tribunal para hacerlo.
Tiziana Cantone, de 31 años de edad, se suicidó a mediados de septiembre después de participar en una prolongada batalla legal para retirar de las redes sociales videos sexuales explícitos que ella realizó con una pareja.
El contenido del video, que la propia mujer envió originalmente a cuatro personas, fue compartido primero a través de Whatsapp. Pero después se viralizó en la primavera de 2015 tras ser publicado en Facebook y otras redes sociales sin el consentimiento de la mujer.
Los videos generaron una oleada de comentarios abusivos y de burlas contra Cantone.
Los intentos de la mujer por retirar los videos, tanto a través de peticiones directas a las redes sociales, sitios web y motores de búsqueda, como a través de una solicitud legal, fueron infructuosos hasta antes de su muerte.
A principios de septiembre, un tribunal ordenó retirar los videos de algunos sitios y motores de búsqueda, pero no de todos. Y además se ordenó a la mujer pagar más de 18.000 euros (20.000 dólares) en gastos legales.
El viernes, un tribunal civil de Nápoles finalmente defendió la apelación presentada por la madre de Cantone y determinó por medio de un decreto urgente que Facebook debió de haber retirado los videos, junto con los links y la información sobre la víctima, tras la petición de la persona involucrada "con o sin una orden de un tribunal o de otra autoridad".
Los jueces de Nápoles también reconocieron parcialmente un reclamo presentado por Facebook Ireland, el cual señala que un proveedor de servicio no tiene la obligación de revisar previamente los contenidos subidos por los usuarios.
"El decreto concuerda con la reglamentación europea, la cual se basa en dos principios", dijo a Xinhua Guido Scorza, abogado especializado en asuntos legales relacionados con internet y profesor de las Universidades de Roma y Bolonia.
"Primero, los proveedores de este servicio no tienen el deber de realizar por adelantado una revisión de contenidos y, segundo, los proveedores del servicio pueden ser responsabilizados sólo por contenidos que violen la ley, por ejemplo, en el caso de material de pornografía infantil".
El tribunal de Nápoles defendió ambos principios en el caso de Cantone, pues los videos fueron subidos sin el consentimiento de la mujer, dijo el experto.
Scorza explicó que, sin embargo, el fallo no parece establecer un principio general sobre los proveedores de este servicio y el comportamiento de los motores de búsqueda pues fue un decreto urgente sobre este caso específico, no un juicio general del tribunal emitido al final de un juicio.
Como tal podría ser revisado o cuestionado por otro tribunal o incluso por el mismo en un caso legal diferente en el futuro.
El abogado dijo además que la dramática historia de la mujer parece vinculada a una posible violación a su privacidad, más que al "derecho a ser olvidado". El derecho a ser olvidado es el derecho a que los datos personales de una persona sean borrados de la red a petición de dicha persona.
"El derecho a ser olvidado se basa en la suposición de que un contenido fue legal y de interés público al momento de su publicación y después se vuelve ilícito o irrelevante para los intereses del público como resultado del paso del tiempo", dijo Scorza.
"En este caso, los videos no debieron de haber sido publicados en las redes sociales porque ella no dio su consentimiento para hacerlo, de acuerdo con lo que ella y su familia han señalado".
El abogado defensor de la familia de Cantone describió el decreto como "equilibrado".
"El tribunal introduce el principio de que un proveedor de este servicio debe retirar el contenido ilícito cuando sea reportado por un usuario, sin tener que esperar la orden de un juez o de una agencia italiana que proteja la privacidad", dijo el abogado civil Andrea Orefice citado por la agencia noticiosa Ansa.
Facebook Ireland dijo que aceptará el fallo, pero destacó que "la decisión deja en claro que los proveedores de este servicio no están obligados a una revisión activa de los contenidos".
Por otra parte, fiscales en Nápoles abrieron dos indagatorias separadas sobre la muerte de la mujer.
En la primera se inició un caso de difamación contra las cuatro personas que primero recibieron el video y presuntamente los compartieron en la red. El caso fue cerrado por falta de elementos.
La segunda investigación fue contra personas desconocidas por "presunta incitación al suicidio" y la indagatoria aún continúa. Fin
