Por Victoria Argüello
CARACAS, 24 oct (Xinhua) -- La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de suspender de manera provisional el referendo revocatorio presidencial, que podría deparar en el fin del mandato del presidente Nicolás Maduro, abre un nuevo camino de tensiones entre el oficialismo y la oposición.
Más allá de la tradicional pugna entre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el conflicto abarca hoy a los cinco poderes públicos del Estado, a los que la oposición cuestiona de ser parciales al gobierno, con excepción del Legislativo.
El anuncio de suspensión del referendo (20 de octubre) por el poder electoral, provino de un dictamen emitido por cinco tribunales penales regionales adscritos al poder judicial, que resolvió dejar sin efecto la fase preliminar del proceso, consistente en la recolección de cerca de 200.000 firmas.
Las instancias judiciales de los estados de Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monagas alegaron un "fraude electoral" al admitirse 8.600 querellas de igual número de ciudadanos, por presunta usurpación de identidad y otras irregularidades reflejadas en las firmas presentadas por la MUD al inicio del proceso.
De esta forma, la siguiente etapa de la consulta prevista inicialmente del 26 al 28 de octubre y que consistía en la recepción del 20 por ciento de firmas del electorado (cerca de 4 millones), quedó paralizada hasta en tanto se emita una nueva orden judicial.
El abogado venezolano, Mariano de Alba, sostuvo en entrevista con Xinhua que la decisión de los cinco tribunales penales es "arbitraria e ilegal".
Aseguró que "un tribunal penal no tiene la autoridad de suspender procesos electorales, deber que corresponde exclusivamente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".
El especialista señaló que estas sentencias judiciales, sumadas al posterior anuncio del CNE, confirman el "carácter político" de la decisión, todo lo cual depara en una "ilegalidad".
De Alba consideró que contraria a la paralización nacional del proceso, el CNE debió haber suspendido la recolección del 20 por ciento de las firmas "sólo en los estados cuyos tribunales emitieron la sentencia".
"Al hacerlo a nivel nacional, confirmó que también se trataba de una jugada política, contraria a la Constitución y a las leyes", indicó el abogado.
Argumentó que "al abandonar el respeto a las normas básicas de convivencia, el Consejo Nacional Electoral se ha puesto al margen de la legalidad".
La Asamblea Nacional (órgano legislativo) de Venezuela, de mayoría opositora al gobierno de Maduro, deliberó la víspera sobre el complejo escenario político, al alegar un "golpe de Estado" a la Constitución venezolana tras la suspensión del referendo.
A su vez, el abogado constitucionalista Hermán Escarrá expuso a Xinhua, en contraposición, que los cinco tribunales regionales emitieron decisiones de carácter penal y no electoral, porque se refirieron a la "sustitución de identidad", que es un delito contemplado en el Código Penal de Venezuela.
"Al comprobarse que hubo una sustitución fraudulenta de identidad y de documentos se abre la investigación y los tribunales se pronuncian, señalando que hay fraude y que hay que abrir un procedimiento", explicó.
De acuerdo con Escarrá, la suspensión temporal del referendo fue pronunciada por el órgano electoral y no por los tribunales, con lo que ratifica que cada poder público se encuentra en el marco de sus competencias.
Detalló que "no se anula el referendo revocatorio" y que lo que existe es una suspensión temporal, mientras se profundiza en las investigaciones.
"Lo que hay son decisiones de varios jueces penales y del CNE. Una vez resuelto el asunto, seguramente el proceso de la consulta continuará el camino que lleva", afirmó el entrevistado.
En tanto, la diputada del PSUV en la Asamblea Nacional, Tania Díaz, dijo el domingo en la sesión especial parlamentaria que "si la MUD realmente quiere realizar el referendo, podría ir a un proceso de reparación de firmas o apelar la decisión de los tribunales estatales".
Según esta opción, la alianza opositora tendría que dedicar un tiempo adicional al contemplado inicialmente para el desarrollo de la consulta, lo cual implicaría que definitivamente las elecciones no se realicen este año sino en 2017, imposibilitando el camino a un gobierno opositor.
Al término de la sesión de la Asamblea Nacional, la mayoría opositora emitió una resolución en la que afirma que se está en presencia de una "ruptura del orden constitucional en Venezuela".
Solicitó por ello ayuda a la comunidad internacional para "rechazar" las "maniobras" del gobierno de Nicolás Maduro.
Convino, además, según lo reflejado en el documento de 10 puntos, cambiar a los rectores del CNE, así como a los magistrados del máximo tribunal de justicia, acompañado del abordaje de la situación de la presidencia venezolana en manos de Maduro, a quien acusan de "abandono de cargo".
Para Escarrá, la resolución de la Asamblea Nacional con mayoría opositora "carece de validez".
La fracción de la MUD en el Legislativo consideró también oficializar una demanda al poder electoral ante la Corte Penal Internacional, lo que para el abogado constitucionalista constituye una "apreciación desacertada en el ámbito jurídico internacional".
"La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, y este estatuto refiere que la Corte sólo puede actuar cuando se trata de crímenes de guerra internacional o delitos de lesa humanidad. Ningún artículo del estatuto tiene que ver con un hecho electoral", dijo Escarrá.
El próximo 26 de octubre, la MUD protagonizará una jornada de movilización a nivel nacional con el nombre de "toma de Venezuela", en lo que ha denominado una "medida de fuerza para restablecer el hilo constitucional". Fin
