CARACAS, 11 oct (Xinhua) -- Los sectores políticos de Venezuela protagonizan nuevas discrepancias relacionadas con el presupuesto anual para 2017, que el Ejecutivo descartó enviar al Parlamento para su aprobación.
Según argumenta el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la decisión de no remitir el presupuesto a consideración de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), de mayoría opositora, se debe a que ésta se encuentra en "desacato".
"Necesito que el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) me diga qué hacer y por eso voy a firmar una carta para hacer una consulta expedita. Puedo aprobarlo por la vía del Decreto (de Emergencia Económica) que me da las facultades, pero como somos legalistas y constitucionalistas, actuaré apegado a la ley", declaró Maduro.
En ese contexto, los partidos que respaldan a la administración socialista, en total 14, han decidido organizar "asambleas populares" en las 24 entidades de esta nación suramericana con la finalidad de que sea la ciudadanía organizada la que debata sobre el instrumento económico.
Sobre este asunto, el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, informó de que el encuentro con la población se realizará el próximo jueves 13 de octubre, momento en el que "vamos a dar una demostración sobre cómo se discute con el pueblo".
El segundo al mando del gobierno venezolano sostuvo que el cálculo financiero "tiene una connotación pedagógica, y nosotros tenemos que desprender aquella forma como nos enseñaron a ver el presupuesto, basado en la cantidad de bolívares".
Por su parte, durante una entrevista concedida a la estatal Venezolana de Televisión, el abogado constitucionalista Hermann Escarrá saludó el hecho de que el gobierno discuta el presupuesto anual de la nación para 2017 con la población.
Precisó que luego de eso se generarán dos decisiones, una de la Sala Electoral del TSJ, que considera la pérdida de la eficacia del Congreso; y la otra, de la Sala Constitucional, que al tomar en cuenta el desacato en el cual incurrió el órgano legislativo, ratifica que "todos sus actos carecen de validez".
En tanto, el diputado opositor venezolano José Guerra señaló que si el Ejecutivo aprueba el instrumento sin pasarlo por el Parlamento, estaría cometiendo "las más grandes ilegalidades", ya que el Decreto de Emergencia Económica "no le da la potestad" para hacerlo.
"Aquel funcionario que aprobase la ejecución de ese presupuesto, estaría a merced de sanciones porque está incurriendo en la (violación de) las leyes venezolanas. Aquí no se puede aprobar ni un bolívar legalmente si la Asamblea Nacional no aprueba el presupuesto", sustentó.
Puntualizó que, según corresponde, el jefe de Estado tiene que presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre, con un balance previo que debe ser expuesto por el ministro de Finanzas sobre el desarrollo económico del año anterior.
"El presupuesto (de 2017) está formado con deficiencias, no se tomó en cuenta la inflación que actualmente es 10 veces peor de lo que se presupuestó", señaló Guerra, quien es el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, a juicio de la ministra del Poder Popular para la Igualdad de Género, Blanca Eekhout, el gobierno de Maduro ha asumido la "tarea de defender el presupuesto de la patria (...), que no puede quedar en manos de quienes quieren guerra, violencia".
Añadió que la mayoría opositora que legisla en el Parlamento pretende dejar a Venezuela sin presupuesto para el próximo año, lo que afectaría los diferentes programas sociales que impulsa la gestión socialista en materia de vivienda, medicina, educación y alimentación, entre otros.
En ese sentido, el presidente Maduro informó de que un 70 por ciento de los recursos estará destinado a la inversión social, "tanto del proyecto económico social de la nueva economía como de las misiones, grandes misiones, la educación, la vivienda, la salud, nuestros viejitos".
El pasado 5 de septiembre, el Poder Judicial de Venezuela ratificó una sentencia que declara la nulidad del Parlamento opositor, debido a que éste desacató la sentencia que lo obliga a la desincorporación de tres diputados que incurrieron en presunto fraude en su elección.
