Por Sylvia B. Zárate
CARTAGENA, 26 sep (Xinhua) -- Fueron necesarios 52 años para que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC pudieran lograr un acuerdo de cese al fuego definitivo que busca brindar la oportunidad a las nuevas generaciones de vivir sin la zozobra del conflicto armado que marcó con dolor la historia del país suramericano.
Otros Gobiernos lo habían intentado sin éxito, pero fue el de Juan Manuel Santos el que logró que el grupo rebelde accediera a abandonar las armas definitivamente y a cambiarlas por sus ideas en una lucha política.
Uno de los procesos fallidos fue el del Gobierno de Belisario Betancur en 1984, que se desarrolló en La Uribe, Meta, y en el que se reconoció a las FARC como actor político junto a otros grupos subversivos. Después de esto, la guerrilla creó la Unión Patriótica (UP), un partido político en el que participaban también miembros de la sociedad civil.
Sin embargo, hubo incumplimiento de los beneficios acordados para los desmovilizados y posteriormente se produjo el asesinato de más de 3.000 miembros de la UP por fuerzas paramilitares, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo Ossa, además de 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
En 1998, el entonces presidente, Andrés Pastrana, accedió a despejar 42.000 kilómetros cuadrados de territorio a las FARC para desarrollar unos diálogos que no tuvieron éxito debido a la falta de organización, irregularidades en las zonas despejadas y falta de voluntad de la guerrilla.
Esta última se vio reflejada el día 20 de febrero de 2002, cuando el jefe máximo de las FARC de ese momento, Manuel Marulanda, dejó esperando a Pastrana en una reunión, dando por terminado el proceso de negociación.
Santos, quien fue elegido en 2010 como presidente de Colombia tras prometer continuar con la política de seguridad democrática del expresidente Alvaro Uribe, de quien fuera su último ministro de Defensa, cambió sus prioridades sobre la marcha y decidió que, en vez de seguir combatiendo con vehemencia a las FARC, dedicaría su mandato a buscar la paz por medio del diálogo.
Esta decisión le costó el rechazo de Uribe y de muchos de sus electores quienes le habían dado su voto confiados en que sería por la vía militar, con las armas, que terminaría con la guerrilla más antigua de Suramérica y le daría la paz a su país.
Sin embargo, así como iba perdiendo a sus seguidores "uribistas", iba ganando apoyo de los colombianos que se oponían a seguir en un conflicto armado que cada día por los intensos combates dejaba víctimas civiles inocentes, tanto de la fuerza pública como del grupo rebelde.
Así, el 16 de octubre de 2012 se instaló la mesa de negociaciones en Noruega, país garante del proceso junto a Cuba, y el día 18 se dieron a conocer los nombres de los primeros negociadores de ambas partes.
A pesar de momentos difíciles de la negociación, durante la cual también hubo civiles, miembros de la fuerza pública y civiles muertos y heridos, el éxito de los diálogos de La Habana se impuso con varios componentes particulares.
El más importante es que fue un acuerdo de paz que se centró en las víctimas, para quienes se creará un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
También es de resaltar el gran apoyo internacional que recibió este proceso de paz, que en principio tuvo a Noruega y Cuba como aliados. Después se sumaron Venezuela y Chile como países garantes.
La colaboración de los Gobiernos de estos países en momentos álgidos del conflicto, como cuando el presidente Santos ordenó suspender los bombardeos a campamentos de las FARC luego de la decisión de la guerrilla de suspender el fuego indefinidamente y un mes después murieron 11 militares en un ataque de la guerrilla.
Tras el hecho violento que indignó al país entero, Santos ordenó reanudar los bombardeos y, en su primer ataque sobre un campamento del grupo armado en Guapi, departamento del Cauca, murieron 27 subversivos.
Cuando la desconfianza se tomó de nuevo el proceso y los colombianos creían que la promesa de la paz se desvanecía, los países garantes pidieron a las partes "desescalar" el conflicto armado para concentrarse en el desarrollo de los acuerdos y avanzar hacia su destino común: la paz.
El primer paso lo dio la guerrilla anunciando un nuevo cese al fuego unilateral que luego fue prolongado cuando Santos cedió nuevamente y suspendió los bombardeos a sus campamentos.
Como gesto de paz, el Gobierno decidió indultar a 30 guerrilleros presos por rebelión que se encontraban en diferentes cárceles del país.
Entonces surgieron nuevos apoyos internacionales como el de las Naciones Unidas, cuyos miembros de manera unánime votaron a favor de la creación de la Misión Especial de Monitoreo luego de que las partes acordaran que fuera este organismo el encargado de controlar y verificar el cese al fuego y de hostilidades bilateral.
Los Gobiernos de Estados Unidos, China, España, México, Canadá, Alemania, la Unión Europea y todos los de la región anunciaron respaldo total al acuerdo y varios se comprometieron a cooperar en la reconstrucción del país en la época posconflicto.
El pasado 23 de agosto pasado, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) emitió un informe que decía que los últimos 13 meses habían sido el período de menor intensidad de conflicto en 52 años.
Estos hechos han convencido a la comunidad internacional, pero ahora deben convencer a los colombianos, pues el aspecto más trascendental del acuerdo es el poder que las partes le dieron a la ciudadanía para aprobarlo.
La implementación de los acuerdos en los temas de agenda, reforma rural integral, apertura democrática para construir la paz, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas a los que se llegaron, dependerá únicamente de que los colombianos los aprueben en un plebiscito programado para el próximo 2 de octubre.
De ganar el "No", promovido por la oposición encabezada por el expresidente Uribe, las negociaciones que se adelantaron cuatro años quedarían sin piso y, según el propio Santos y el jefe de los negociadores por parte del Gobierno, Humberto de La Calle, no habría oportunidad de retomarlo.
