SAN JOSE, 29 ago (Xinhua) -- La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó hoy en primer debate una ley que castiga a los adultos que sostengan relaciones sexuales con menores.
La nueva ley, que necesita de una segunda votación para entrar en vigencia, establece penas de cárcel para quienes que sostengan relaciones con adolescentes de entre 15 y 18 años, a quienes lleven más de siete años de edad. En estos casos la pena de cárcel oscila entre dos y tres años.
En el caso de menores de entre 13 y 15 años, se castiga con cárcel entre tres y seis años, cuando el adulto supere al menor en cinco o más años. En el caso de los menores de edad, no se penan las relaciones entre ellos.
La ley también elimina la posibilidad de inscribir matrimonios en los que se vean involucrados menores de edad, y aumenta de 13 a 15 la edad mínima en la cual los padres pueden dar consentimiento para que un adulto sostenga relaciones con un adolescente.
Este mismo lunes el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica hizo un llamado a Costa Rica para que se aprobara esta legislación que protegería a los menores de edad de las llamadas "relaciones impropias".
La ONU indicó que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño expresó su preocupación de que niños y niñas entre 15 y 18 años puedan casarse con el consentimiento de sus padres, así como la temprana edad de 13 años para el consentimiento sexual, por considerarse que ambas situaciones aumentan el riesgo del abuso sexual y el embarazo precoz.
"Hemos enviado una carta a las y los diputados donde expresamos la urgente necesidad de proteger y garantizar la seguridad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes del país y evitar que se vean expuestos a relaciones de poder abusivas y que limiten sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida libre de violencia y en donde sean respetados sus derechos a la educación y la salud", expresó la representante de ONU, Alice Shackelford.
El gobierno de Costa Rica también celebró la aprobación de esta ley, aunque la segunda vicepresidenta Ana Helena Chacón, reconoce que aún queda mucho por hacer en materia de protección de los derechos de las personas menores de edad.
"Es un imperativo darle a nuestra población menor de edad un resguardo jurídico ante situaciones que lastiman y vulneran flagrantemente su dignidad humana", dijo Chacón.
