SAN JOSE, 31 jul (Xinhua) -- Costa Rica es reconocido internacionalmente como un país "verde" por su vocación ambientalista y el cuido de sus recursos naturales en escenarios de gran belleza.
La cuarta parte del territorio de este pequeño país centroamericano se encuentra bajo algún régimen de protección: parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, entre otros.
Según datos de la V informe a la Convención de la Diversidad Biológica, este territorio también es casa de al menos un 5 por ciento de la biodiversidad del mundo y para 2009 era responsable de generar a su economía al menos un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, Costa Rica no es un país rico, y el cuido de este sistema de protección no cuenta con los recursos suficientes para tener la cantidad de vigilates necesaria.
Según indicó la estatal Universidad Nacional (UNA), una auditoría de la Contraloría General de la República basada en varios informes técnicos del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de esa casa de estudios (Icomvis-UNA), revela que la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en al menos un 80 por ciento de la mayoría de las zonas en estudio. El análisis abarcó 128 áreas silvestres protegidas.
Para el investigador, Costa Rica se quedó estancado en la década de 1980 en materia de protección y debe buscar propuestas para un biodesarrollo de las áreas protegidas.
"No es solo el financiamiento, es contar con una adecuada gestión para su manejo. Aquí desarrollamos un programa de educación donde los niños de las escuelas que rodean el área vienen y pasan el día aprendiendo del bosque, reconociendo que esta es una fábrica de agua y que la sociedad debe recompensarla por ese producto que nos genera", añadió.
Las áreas protegidas en Costa Rica están a cargo del Sistema de Areas de Conservación (Sinac) y sus principales ingresos provienen del presupuesto estatal, sumado a la entrada que pagan los turistas nacionales y extranjeros por inresar a los parques como Manuel Antonio, Poás e Irazú.
El estudio determinó que de las 128 áreas protegidas analizadas, 86 tiene al menos una persona asignada, pero esa cifra es insuficiente para atender al menos el 35 por ciento de las necesidades de los territorios.
El informe también reveló que la distribución de los recursos humanos disponibles carece de criterios preestablecidos, lo cual origina diferencias significativas en la cantidad de funcionarios asignados.
"Tenorio cuenta con cinco funcionarios para 5.530,74 hectáreas, mientras Tortuguero, carece de funcionarios y su extensión territorial es de 5.800 hectáreas", destaca el estudio.
Estas condiciones hacen que muchos parques tengan pocas posibilidades de combatir problemas como la cacería y la extracción ilegal de los recursos como el oro.
Para José Baltodano, del Area de Conservación Ostional Tempisque, el reto es integrar los actores civiles con los proyectos que se realizan. "Este año se aprobó una ley específica para el Refugio que permitirá que las familias que siempre han estado ahí reciban concesiones, esto nos permitirá mayor trabajo con la comunidad", comentó a la Universidad Nacional.
Luis Diego Alfaro, investigador del Icomvis-UNA, también menciona la extracción de madera, actividades agropecuarias, incendios forestales, pesca, construcciones de infraestructura y turismo no regulados como los principales retos que mencionó el estudio para la protección del recurso.
Otro de los problemas que enfrentan las áreas protegidas es la poca capacitación con que cuenta su personal, al tiempo que tienen que atender muchas labores administrativas y no solo de seguridad en los parques.
