ESTRASBURGO, 6 jul (Xinhua) -- Los planes para un sistema más robusto de control de las fronteras de la Unión Europea (UE) fueron aprobados hoy en Estrasburgo por los integrantes del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo votó por gran mayoría a favor de apoyar las medidas que acercarán a la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y a las autoridades nacionales de manejo de fronteras.
De acuerdo con los planes, las autoridades nacionales todavía se harán cargo de sus fronteras de forma cotidiana, pero si las fronteras externas de la UE se encuentran bajo presión, podrán buscar ayuda de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (GEFC) para desplegar rápidamente los equipos de guardia fronteriza comunes.
"La Regulación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará que las fronteras externas de la UE sean más seguras y que sean mejor manejadas", dijo el eurodiputado relator lituano Artis Pabriks.
"Esta no es una fórmula milagrosa que pueda resolver la crisis migratoria que enfrenta actualmente la UE ni restablecerá plenamente la confianza en el área Schengen, pero es un muy necesario primer paso", añadió.
Durante una conferencia de prensa, Pabriks dio la bienvenida la "extremadamente importante votación" sobre el texto de los planes presentados en un "muy breve período" de cinco meses.
"Esto nos muestra que en la UE podemos cooperar de forma eficaz. Por primera vez en la historia de la unión se creará un cuerpo de 1.500 guardacostas", agregó.
Con la llegada a Europa en 2015 de cerca de un millón de refugiados que huyen de la guerra y la pobreza, la cuestión del manejo de las fronteras externas de la UE se convirtió en un importante tema en los Estados miembros.
Grecia e Italia se encontraron en el frente de batalla como entradas a la UE para los refugiados y los solicitantes de asilo y en ocasiones se han visro rebasados.
La GEFC es considerada una respuesta a tales emergencias. "Esta nueva agencia podrá desplegar rápidamente equipos de reserva a las fronteras pertinentes", dijo Pabriks, quien enfatizó que "esto no afecta la soberanía nacional", un asunto disgregador en una UE considerada cada vez más escéptica de la unión.
Después de una petición de un Estado miembro que enfrente, por ejemplo, varias presiones migratorias, se acordará un plan con la GEFC que enviará, en cinco días laborales, el personal necesario y brindará el equipo técnico.
En los casos en los que un Estado miembro no tome las medidas propuestas por la GEFC o de que la presión migratoria ponga en peligro el funcionamiento del área Schengen, la Comisión de la UE podrá hacer una propuesta para actuar al Consejo Europeo, el cual agrupa los gobiernos de los Estados miembros. Entonces, el consejo decidirá sobre la necesidad de enviar equipos de intervención fronteriza.
"El plan operativo tiene que ser aceptado por los Estados miembros involucrados y la GEFC antes de que pueda realizarse el despliegue", añadió Pabriks.
Sin embargo, el texto también faculta a otros Estados de la UE a reintroducir de forma temporal revisiones fronterizas internas si un Estado miembro se opone a la decisión del consejo de brindar ayuda.
La GEFC no tendrá sus propios guardias fronterizos, pero podrá convocar una rápida fuerza conjunta de reacción de 1.500 guardias fronterizas que será designada por los Estados miembros. La GEFC rendirá cuentas al Parlamento Europeo y al consejo.
De forma más polémica, la GEFC desempeñará un mayor papel que la Frontex actual en el regreso de los migrantes a su país de origen, "pero sólo al ejecutar las decisiones que ya han sido tomadas por las autoridades nacionales" y cuando "las cláusulas de regreso hayan sido reforzadas mediante salvaguardas adicionales de los derechos fundamentales".
Esto podría molestar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados. Climade, un grupo de apoyo ecuménico para los migrantes, criticó lo que considera una "versión ampliada de Frontex, con más poder, pero todavía sin control independiente de sus acciones o de sus acciones o violaciones de los derechos humanos durante las operaciones".
El texto entrará en vigor este otoño.
