RIO DE JANEIRO, 29 jun (Xinhua) -- Todo lo que un país puede hacer lo estamos haciendo para garantizar la seguridad de atletas, autoridades y turistas en los Juegos Olímpicos, dijo hoy Andrei Rodrigues, secretario extraordinario de Seguridad para Grandes Eventos del Ministerio de Justicia de Brasil.
"Tenemos absoluta confianza y tranquilidad sobre la preparación de los Juegos", afirmó Rodrigues en una entrevista con la prensa extranjera realizada en la sede del Comité Olímpico de Río 2016, donde habló del esquema de seguridad.
El responsable de coordinar el dispositivo de seguridad en los Juegos Olímpicos explicó que desde el año pasado se han llevado a cabo pruebas de seguridad, que incluyen, ahora, la gira de la antorcha por todo el país.
Sobre si el atentado de la víspera en Turquía modificará los planes de seguridad, Rodrigues dijo que "esta nueva barbarie nos lleva a aumentar nuestra atención, pero Brasil ya adopta mejores políticas internacionales de seguridad para grandes eventos".
El funcionario explicó que el gobierno brasileño tiene intercambios en la materia a nivel internacional, como el Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI), el cual ya opera desde la Copa Confederaciones 2013.
Rodrigues explicó que durante los Juegos Olímpicos, el CCPI operará con unos 250 policías de 55 países, además de miembros de la Interpol, Ameripol y Europol que funcionarán las 24 horas del día del 1 de agosto al 19 de septiembre (cuando terminan los Juegos Paralimpicos), en dos centros de comando y control, uno en Río y otro en Brasilia.
El secretario informó que el 31 de julio entrará en operación el Centro Integrado Antiterrorista -algo nuevo en una Olimpiada-, cuya sede será Brasilia y estará integrado por policías de Paraguay, Estados Unidos, Bélgica, Francia, España, Argentina y Brasil para analizar y cruzar datos sobre potenciales amenazas.
Como ejemplo del trabajo realizado, Rodrigues citó las medidas de control de personas aplicadas desde hace meses, y que han llevado a rechazar 7.262 solicitudes de acreditación al Comité Organizador, el 1,84 por ciento del total de las 393.939 recibidas.
El secretario agregó que este proceso de verificación de antecedentes penales permitió a las autoridades arrestar a dos ciudadanos brasileños que pretendían trabajar en empresas subcontratadas para el evento.
Rodrigues descartó que la actual crisis política y económica que enfrenta Brasil afecte la seguridad de los Juegos.
"Los cambios políticos no han alterado en absoluto la planeación, que fue llevada a cabo por técnicos", dijo el funcionario en alusión al juicio político que se lleva a cabo a la separada presidenta, Dilma Rousseff, por presuntas irregularidades fiscales.
Había el temor de que la votación sobre Rousseff fuera durante los Juegos, lo que provocaría, dependiendo del resultado, manifestaciones por todo el país, pero este miércoles la Suprema Corte Federal informó que el proceso ocurrirá a finales de agosto, después de las Olimpiadas.
Cuestionado sobre el aumento de la criminalidad en los últimos meses, Rodrigues admitió que hay una "crisis en la seguridad pública" en el estado de Río de Janeiro, vinculada con "un problema financiero" que ha reducido el número de efectivos en las calles.
Ante el retraso de sueldos, policías se manifestaron en el aeropuerto internacional Tom Jobim, puerta de entrada de los turistas, con un cartel que decía en inglés "Welcome to Hell" (Bienvenidos al infierno).
Rodrigues confirmó que el gobierno federal desbloqueará esta semana un crédito especial de 2.900 millones de reales (unos 850 millones de dólares) para pagar a los policías.
