CARACAS, 16 jun (Xinhua) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este jueves el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicado la víspera, en el que se declara competente para dirimir si la Asamblea Nacional usurpó funciones del Ejecutivo en materia de relaciones internacionales.
La decisión judicial ha dejado sin efecto, hasta que se resuelva la controversia constitucional, dos sesiones de la Asamblea Nacional, en las que se adoptaron sendos acuerdos que, a juicio del Gobierno de Maduro, suponen abrir la puerta para que elementos extranjeros intervengan en el país.
En una intervención en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, Maduro recordó que el pasado 3 de junio su Ejecutivo introdujo ante el máximo tribunal venezolano un recurso de amparo contra la directiva del Poder Legislativo, en manos de la oposición, por "usurpar" funciones del Ejecutivo en material de relaciones internacionales.
"Yo acudí al máximo tribunal de la República, que es la forma en que se dirime, de manera constitucional y pacífica, las controversias en el país", expresó el jefe de Estado venezolano.
A su juicio, la directiva del Congreso, que preside Henry Ramos Allup, actuó de forma "desproporcionada, inconstitucional y peligrosa" y, en su opinión, le ha abierto las compuertas del país a "fuerzas extranjeras" para que vengan a "intervenirlo".
El dignatario suramericano se refirió a la visita que realizaron legisladores opositores en abril pasado a Washington, donde se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para solicitar la activación de la Carta Democrática a Venezuela.
"El llamado a intervenir a Venezuela, quien le abre la puerta, los portones de la vida pública de Venezuela a la derecha y a Gobiernos de la derecha latinoamericanos (...) son los propios dirigentes líderes y voceros de la derecha", afirmó Maduro.
En ese contexto, enfatizó que los asuntos de Venezuela deben "resolverlos, entenderlos, dirimirlos aquí", y reclamó "no abrirle las compuertas a lo más peligroso que pudiera pasar".
La víspera, la Sala Constitucional del TSJ, a través de la sentencia número 478, resolvió la suspensión de las sesiones del Congreso correspondientes a los días 10 y 31 de mayo, y por ende, todos los acuerdos emanados de estas.
El pasado 10 de mayo, la bancada opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un documento denominado "Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución y sobre la Responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la Preservación de la Paz y ante el Cambio Democrático en Venezuela".
En dicho acuerdo, la fracción parlamentaria de la oposición solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, presionar a los poderes públicos de Venezuela.
Igualmente, sostuvieron que en este país se vive "la peor crisis republicana, debido a la grave situación de carencia de alimentos" y, además, rechazaron que el TSJ haya avalado el decreto de Emergencia Económica propuesto por el Ejecutivo desde enero pasado, una acción que calificaron de inconstitucional.
Asimismo, el máximo tribunal suspendió la sesión del 31 de mayo pasado y, por tanto, el "Acuerdo que respalda el interés de la comunidad Internacional acerca del G7, la OEA, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Vaticano en la crisis venezolana".
La decisión de la Sala Constitucional se produce luego de que la Procuraduría General introdujera una acción de amparo en contra de la AN, asegurando que el Poder Legislativo persigue consumar "un golpe de Estado".
