Por Victoria Argüello
CARACAS, 20 may (Xinhua) -- El complejo proceso para un diálogo político en Venezuela avanzó esta semana con la visita a Caracas (capital) de los ex presidentes del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martín Torrijos; y de República Dominicana, Leonel Fernández.
Los ex mandatarios hispanoamericanos junto a representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) mediaron a fin de "sentar en la mesa" a los diferentes actores políticos venezolanos, dada la difícil situación por la que atraviesa esta nación.
El presidente Nicolás Maduro, ratificó junto a Zapatero su disposición de encaminarse al diálogo, no obstante, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condicionó eventuales conversaciones a la aceptación de Maduro a un referendo revocatorio de mandato.
La MUD no sólo ha condicionado el diálogo a su exigencia de un referendo, petición que ya está siendo procesada técnicamente por el Poder Electoral, sino que además se ha negado a participar en la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas para el esclarecimiento de crímenes políticos.
"Es contradictorio abogar por la reconciliación nacional y negarse a participar en iniciativas de verdad, de justicia y de atención a las víctimas", expresó en una entrevista con Xinhua el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.
Para Devoe, el hallazgo de la verdad, el esclarecimiento de delitos, la identificación de los responsables así como la administración de la justicia y la reparación a las víctimas constituyen un paso ineludible antes de emprender un proceso reconciliatorio.
Misma conclusión tuvieron expertos en materia de procesos de paz provenientes de varios países latinoamericanos, quienes asistieron al encuentro internacional "Justicia, Reparación y Paz" celebrado recientemente en el Teatro Teresa Carreño de la capital venezolana.
Entre éstos figuraron voceros de la Unasur y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur así como de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).
Igualmente hicieron presencia en esta cita, Etanislao Mendoza y Ciriaco Vásquez Flores, integrantes de la organización de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México), y del secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz de Argentina, Horacio Pietragalla, también integrante del movimiento Abuelas de Plaza de Mayo.
Además, se apreciaron las experiencias en procesos de paz de la directora nacional de Reparación a Víctimas y Protección contra la Impunidad de Ecuador, Yolanda Garza; y del presidente del Instituto Schafik Handal de El Salvador, Jorge Schafik Handal.
Los acompañantes internacionales trabajan en la creación de "condiciones de confianza" entre ambos bandos políticos (gobierno-MUD) para finalmente consolidar la anhelada "paz con justicia" en el país sudamericano.
De allí que el cese de las tensiones políticas y el inicio de un abordaje conjunto ante los retos económicos que hoy enfrenta Venezuela, pasan necesariamente por el fortalecimiento de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas.
Esta nueva instancia creada en abril pasado por el Estado venezolano en compañía de Unasur, persigue eliminar la posibilidad de futuros escenarios de violencia además de reparar los agravios humanos dejados por eventos irregulares en años pasados.
"Decidimos convocar a Caracas a destacadas figuras con experiencia en comisiones de la Verdad, para recibir las mejores prácticas, las lecciones que han sido aprendidas por otros países y que puedan nutrir nuestra experiencia", explicó Larry Devoe, quien también es secretario ejecutivo permanente de la Comisión por la Verdad.
El ente tendrá un plazo de 6 meses prorrogables para esclarecer los crímenes por razones políticas producidos entre los años 1999 y 2015, de los cuales se cuentan sólo entre 2013 y 2014 unos 54 fallecidos y cerca de 900 heridos por protestas violentas (guarimbas) desarrolladas por la oposición.
De los resultados derivados del proceso de esclarecimiento de crímenes no se generará una amnistía automática, según refirió Devoe, quien además señaló que "le corresponde a la Comisión formular recomendaciones para que se imponga la justicia".
Mientras, la oposición aboga por una amnistía inmediata y por la liberación de políticos procesados por la justicia, muchos de los cuales reincidieron en acciones violentas luego de ser amnistiados en el año 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez tras el golpe de Estado de 2002.
Sobre ese particular, las experiencias internacionales abordadas en el mencionado encuentro, sugirieron la importancia de que tras su previa identificación, los responsables de crímenes políticos reconozcan y reparen a las víctimas como gesto mínimo de perdón.
La posibilidad de un diálogo nacional trasciende así de las meras voluntades expresadas por el gobierno venezolano y la oposición, y en cambio fija su epicentro en un largo y complejo proceso de búsqueda de la justicia.
