MEXICO, 19 may (Xinhua) -- La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, se reunió hoy con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para hablar sobre el mecanismo de seguimiento especial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) implementará sobre el caso.
El mecanismo estará coordinado por James Cavallaro, relator de la CIDH en México, e incluye una visita periódica mensual de expertos al país, dijo en entrevista el abogado de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales.
El abogado expresó que habrá un monitoreo permanente para que se cumplan las medidas cautelares dictadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que en abril pasado concluyó su estancia en el país.
"Existe un acuerdo favorable para la creación de este mecanismo solicitado por el GIEI antes de su partida, en abril pasado", dijo Rosales en rueda de prensa afuera de la cancillería al término de la reunión de Ruiz Massieu con padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
En este encuentro, primero entre los familiares de las víctimas y la canciller mexicana, asistieron también representantes de organizaciones civiles.
El director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, calificó la reunión como "positiva", por los avances logrados, y en la que también, dijo, se terminó "con muchas coincidencias".
"Platicamos con la canciller con toda claridad. Le expresamos que el gobierno federal está en deuda con los padres" de los estudiantes, dijo.
"Ese fue el planteamiento porque estamos por cumplir un año y ocho meses y no está determinado el paradero de los estudiantes e, incluso, le planteamos claramente que el Estado mexicano ha fallado", explicó.
Patrón comentó que la funcionaria mexicana llevará la posición de ambas partes ante la CIDH en Washington.
Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, reiteró la demanda del grupo que pide la renuncia del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, porque, a su consideración, ha alterado indicios dentro de la indagatoria.
Los 43 normalistas se encuentran en calidad de desaparecidos desde el 26-27 de septiembre de 2014, luego de que policías del municipio de Iguala los detuvieron cuando viajaban en autobuses, por órdenes de un grupo criminal.
La hipótesis gubernamental en torno a los estudiantes es que fueron raptados por policías que los entregaron a miembros del grupo criminal "Guerreros Unidos" bajo la sospecha de que se trataba de integrantes de una organización rival.
De acuerdo con declaraciones de policías detenidos y un estudio pericial, integrantes de "Guerreros Unidos" habrían asesinado y cremado a los jóvenes en un basurero del vecino municipio de Cocula.
Los padres rechazan la versión porque dos estudios forenses de expertos de la CIDH y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyeron que el 27 de septiembre no pudo registrarse un fuego capaz de calcinar a los jóvenes en el basurero.
La Fiscalía federal de México publicó el pasado viernes la tercera parte del expediente de investigación sobre la desaparición de los estudiantes como una medida para garantizar "el derecho al acceso a la información y a la verdad" de la ciudadanía en torno al "caso Iguala".
