Por Elena Chuquimarca
QUITO, 16 may (Xinhua) -- Transcurrido un mes del terremoto que azotó la costa norte del Pacífico ecuatoriano con saldo de al menos 660 muertos, la atención a los más de 30.000 damnificados está garantizada en las provincias de Manabí (oeste) y Esmeraldas (norte), aseguró el presidente Rafael Correa.
En su último informe semanal de labores, el mandatario evaluó que "la situación está controlada" en los albergues instalados con ayuda internacional para atender a los afectados.
"La situación está controlada a nivel sanitario, a nivel de lo emergente, y los damnificados seguros; la actividad económica recuperada en su día a día, pero obviamente hay pérdidas acumuladas por la destrucción", indicó el jefe de Estado.
Según el gobierno, cerca de 7.000 familias perdieron sus viviendas, y 560 escuelas resultaron afectadas, de las cuales 166 sufrieron daños medios y graves por el sismo de 7,8 grados que afectó el país sudamericano el pasado 16 de abril.
En la provincia de Manabí, la más castigada, ya está restablecido el servicio de electricidad y de telefonía móvil, además de estar operativos los sistemas de agua potable, según la Secretaría de Gestión de Riesgos.
En esa zona se ha movilizado un contingente de tanqueros y plantas potabilizadoras para suplir la demanda.
Según la Vicepresidencia, que lidera el reciente creado Comité de Reconstrucción y Reactivación de Zonas Afectadas, existen 19 albergues oficiales con capacidad para 500 familias.
En esos albergues "sí podemos garantizar el suministro de alimentos, atención de salud, asistencia social y seguridad", dijo el vicepresidente Jorge Glas, quien pidió a quienes permanecen en albergues informales acudir a estos sitios.
Algunos albergues fueron adecuados con ayuda material de China, que donó 5.400 carpas, 9.999 camas plegables y un potabilizador de agua, que han sido de gran ayuda, según el ministro de Seguridad César Navas, miembro del Comité de Reconstrucción.
Una parte de la ayuda se instaló en el cantón Jaramijó, pueblo de pescadores a 7 kilómetros al norte de Manta en Manabí, lo que mejoró las condiciones de los albergados, dijo Navas.
Se envió también la ayuda de China a las localidades de Canoa y Jama en Manabí, así como a Chamanga y Muisne en Esmeraldas.
China ha enviado una ayuda humanitaria por un valor de 60 millones de yuanes (9,2 millones de dólares) a Ecuador, en forma de equipos y materiales de alivio de desastres, además de un apoyo en efectivo de 2 millones de dólares y una donación de 100.000 dólares de la Cruz Roja de del país asiático.
A su vez, el Ministerio de Salud Pública garantizó el control sanitario en las zonas afectadas para evitar epidemias de enfermedades como zika, chikunguña y dengue, trasmitidas por el mosquito del género Aedes.
Correa, refirió que el mayor peligro en esta clase de desastres son las epidemias por roedores muertos, incluso, restos humanos que pueden haber todavía entre los escombros, por la destrucción de la infraestructura sanitaria y la contaminación de las aguas.
"Estamos poniendo mucha atención es eso", afirmó el mandatario.
Expresó que el desafió inmediato es que ningún damnificado permanezca en albergues, mientras se afina el plan de reconstrucción con asesoría internacional.
"Ese albergue oficial sigue siendo el último de los recursos, ojalá no haya nadie en los albergues y estén en familias acogientes o arrendando", señaló.
En tanto, la ministra de Salud, Margarita Guevara, dio a conocer que se aplicó un protocolo para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, que incluyó la movilización de 250 especialistas distribuidos en 50 brigadas para un control en las zonas afectadas.
"Hemos trabajado en el control de criaderos, abatización y fumigación en casas y albergues", dijo Guevara.
El gobierno anunció el pasado 13 de mayo un plan de incentivos que incluye la entrega por seis meses de un bono de 150 dólares para la familia que desee acoger a damnificados y un bono de 135 dólares para los afectados que quieran arrendar una vivienda.
Se entregará además por tres meses un bono de 100 dólares para alimentación para todos los afectados que se inscriban en el Registro Único de Damnificados (RUD), al que se han registrado hasta ahora más de 8.500 familias.
El gobierno anunció también un plan habitacional que contempla la entrega de incentivos económicos para ayudar a quienes necesitan una vivienda, así como para reconstruir y reparar las casas que sufrieron daños menores por el impacto del terremoto.
La ministra de Vivienda, María Duarte, indicó que el plan contempla la entrega de una vivienda nueva antisísmica de hasta 10.000 dólares en terrenos de propiedad del Estado, para personas cuyas casas estaban en zonas de riesgo y fueron destruidas.
Se establece un mecanismo de co-pago mínimo por parte del beneficiario y un año de gracia.
En otros casos en que se requiere reconstruir o reparar la vivienda, el gobierno entregará un bono de entre 4.000 y 9.000 dólares, también con el mecanismo de co-pago.
El estímulo beneficiará además a quienes aseguraron sus viviendas con la entrega de un bono de hasta 9.000 dólares.
Los incentivos de vivienda para familias acogientes y arrendamiento para damnificados cuestan 215 millones de dólares.
Parte de esos recursos se financiarán con un paquete de medidas económicas que propuso el gobierno para recaudar 1.090 millones de dólares, aprobadas por la Asamblea Nacional (poder Legislativo) el pasado 12 de mayo.
La medida más polémica es el alza del 12 al 14 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un año, que según el gobierno no afectará la economía de personas pobres, ya que 90 por ciento de los alimentos y 100 por ciento de medicamentos no pagan el tributo.
Otra fuente de financiamiento será una línea de contingencia por 300 millones de dólares concedida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
