MEXICO, 13 may (Xinhua) -- La corrupción es un problema con profundas raíces en América Latina, pero los pasos que naciones como Guatemala y Brasil están dando para combatirla son el augurio de un cambio generalizado en la región, dijo a Xinhua un académico experto en políticas anticorrupción.
El profesor David Arellano Gault, de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que el nivel de corrupción es tan grave que la población asume los sobornos como una cuestión normal, cuando en otras latitudes son tomados como claras irregularidades.
"Cuando la corrupción es sistemática, como lo es en muchos de nuestros países, se hace normal y se hace la regla principal del juego. El sistema político está armado de tal manera que la corrupción forma parte de la vida diaria", explicó el académico del CIDE, un centro mexicano de investigación en ciencias sociales financiado con recursos públicos.
Arellano Gault mencionó que distintas instancias calculan que el costo de la corrupción equivale del 2 al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países latinoamericanos, aunque aclaró que no existe un parámetro preciso sobre sus efectos.
"Una gran parte de la violencia que en México se sufre, sin lugar a dudas, tiene que ver con las consecuencias de largo plazo de un sistema de impunidad que no castiga a delincuentes ni protege a los ciudadanos", enfatizó el experto.
Pese a este panorama, en los últimos años distintos países comenzaron a allanar el camino a mecanismos independientes del gobierno para perseguir y castigar la corrupción o, al menos, a discutir leyes más enérgicas para combatirla, añadió.
El académico afirmó que el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es el mejor ejemplo del alcance de las acciones anticorrupción cuando gobiernos dan cabida a un ente con autonomía para investigar con efectividad casos y denunciarlos ante fiscales para que los responsables sean llevados a juicios.
Una pesquisa de la CICIG, organismo creado en 2006 por acuerdo del gobierno guatemalteco y Naciones Unidas, llevó a Otto Pérez a dimitir de la presidencia en septiembre de 2015 para ser detenido bajo el cargo de encabezar una red de funcionarios sobornados por compañías para evadir impuestos en puertos.
"El caso de Guatemala es realmente impresionante. Es lo que toda América Latina deberíamos estudiar porque ahí está claramente un ejemplo de que no hay soluciones mágicas, pero sí claridad de cómo atacar un problema enraizado social y políticamente", señaló el profesor del CIDE.
Agregó que, en el caso de Brasil, la fiscalía ha ido desarrollando paulatinamente autonomía y fuerza para perseguir la corrupción, como el caso de la petrolera estatal Petrobras, por el cual decenas de políticos, funcionarios y empresarios han sido llevados a juicios acusados de participar en contratos fraudulentos.
Incluso el juicio político iniciado este 12 de mayo por el Senado contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para investigarla por supuestas irregularidades fiscales en los balances del gobierno en 2014 y 2015, representa un "parteaguas" en la región por el peso del país sudamericano, consideró Arellano Gault.
El académico aclaró que el llamado "impeachment" contra Rousseff, quien fue apartada de su cargo por 180 días, no es por un cargo de corrupción, parece poco sólido y deja la impresión de llevar tintes políticos, sin embargo es una lección para el resto de la región.
"Es un parteaguas, sí da una señal muy clara de que el movimiento anticorrupción en América Latina se va a generalizar", confió el doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, en Estados Unidos.
Arellano Gault comentó que México comienza a dar señales de buscar mejores mecanismos de combate al problema porque, empujado en gran medida por organizaciones de la sociedad civil, el Congreso analiza un paquete de leyes secundarias para robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
En caso de ser aprobado, el paquete de reformas daría, entre otros aspectos, vida a una fiscalía especializada contra la corrupción, instancia que actualmente no existe en México.
"No se sabe si su efectividad va a ser inmediata, pero la señal será buena. Los políticos comienzan a enfrentar una sociedad un poco más organizada que está poniendo ya límites a su excesiva confianza en un sistema basado en la corrupción", manifestó.
La mayoría de las naciones de América Latina han avanzado en los últimos 20 años en el desarrollo o reforzamiento de regulaciones e instituciones de auditoría, contraloría, transparencia y persecución de la corrupción, según reportes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
No obstante, Arellano Gault advirtió que el camino para combatir el fenómeno es mediante organismos independientes a los gobiernos con capacidad para investigar y armar casos sólidos combinado con un eficaz sistema judicial que no tema castigar a corruptos, aunque sean gobernantes o grandes empresarios, como en Guatemala.
"Pienso que estamos haciendo cosas en América Latina y que van a dar frutos tarde o temprano... No podemos ser injustos y decir que no ha pasado nada, han pasado muchas cosas pero su efectividad todavía esta por verse porque la raíz de la corrupción es muy profunda", concluyó.
