LA PAZ, 3 may (Xinhua) -- A partir de hoy, las personas que tengan una sentencia ejecutoriada (cosa juzgada) de violencia contra mujeres no podrán acceder a ningún cargo público en Bolivia.
Para hacer efectiva esta medida, implementada por el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, entró en vigor el certificado de antecedentes del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase).
Durante el acto de presentación del certificado, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo que se está cumpliendo la ley para tener un centro de documentación de antecedentes, que extenderá este documento para acceder a cargos públicos.
"Para implementar el certificado se trabajó entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, cumpliendo con la Ley 348 para obtener los antecedentes penales a través del Sippase", aseveró.
Velasco exhortó a las mujeres a denunciar, "sin temor", cualquier maltrato, físico o psicológico, con el fin de vivir libres de violencia.
El artículo 13 de la Ley 348 denominada Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, señala que para acceder a un cargo público, mediante elección, designación, nombramiento o contratación, es requisito el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer.
El Sippase certificará los antecedentes, para lo cual las personas deberán hacer un depósito bancario de 35 bolivianos (cinco dólares).
Con la implementación del Sippase se podrá solicitar de forma electrónica cualquier antecedente penal, para conocer de manera rápida si alguna persona tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, en delitos cometidos contra la mujer.
El sistema también tendrá la facultad de crear datos de personas que ejerzan violencia contra su familia y certificará los referidos.
