Por Victoria Argüello
CARACAS, 29 abr (Xinhua) -- Las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela en materia de energía eléctrica, ante la grave sequía por la que atraviesa la nación por el fenómeno meteorológico de "El Niño", han polarizado a la sociedad.
La situación obligó al gobierno a extremar las medidas para evitar un colapso del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), dado los bajos niveles del embalse del Guri, surtidor de la principal Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.
En una de sus últimas alocuciones, el presidente Nicolás Maduro señaló un alto consumo eléctrico en las zonas residenciales, con un 40 por ciento del total de uso nacional, así como en las instituciones del Estado.
El mandatario decidió decretar tres días no laborables a la semana para la Administración Pública, lo que desató las críticas de la oposición.
El jefe del Ejecutivo lanzó el 25 de abril el Plan de Administración de Carga (PAC), que consiste en cortes eléctricos por cuatro horas diarias, por 40 días, en 19 entidades del país, a fin de coadyuvar en el ahorro energético.
El gremio empresarial y comercial criticó de manera dura las medidas de Maduro, por considerar que afectan a la productividad y alentan los trámites que el sector privado debe hacer en las oficinas públicas.
"Se nos cierra el acceso a permisos que se registran en dos días. Esto afecta la producción e impacta en los anaqueles", aseguró el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Francisco Martínez.
En marzo, Fedecámaras estimó en al menos 7.500 millones de bolívares (750 millones de dólares según la tasa de cambio oficial más baja), las pérdidas económicas por semana.
Sin embargo, no todos critican las medidas. Los adeptos al gobierno ven con buenos ojos el racionamiento, ante el desperdicio que se hace en algunos sectores.
"Esta medida de bajar las horas laborables e incluso dar los viernes libres, deja en claro que la energía que gastamos en las oficinas es más valiosa que el producto de nuestro trabajo", consideró el analista Juan Pablo Toledo, citado por el portal Misión Verdad.
Toledo, quien coincidió con la crítica que desde el propio gobierno se ha efectuado al modelo económico dependiente del petróleo, señaló un "parasitismo" dentro de las estructuras de Estado.
El experto dudó que en gran parte de los entes públicos realmente se lleve a cabo una actividad productiva de magnas proporciones que amerite priorizarla sobre la emergencia eléctrica.
El analista acotó que "la administración privada tampoco es un modelo alternativo de producción y progreso. En nuestro país, todos (iniciativa privada) tienen la marca parasitaria en su origen, todos dependen de las actividades económicas del Estado para obtener divisas".
De manera independiente de las repercusiones negativas que pueda arrojar para la economía, el Ejecutivo tiene la facultad de priorizar las emergencias, defienden otros analistas.
"Ahorita la emergencia más notoria es la electricidad, las repercusiones que puedan tomar estas medidas sobre la administración pública serán atendidas por el gobierno", dijo el coordinador del Frente venezolano de Abogados Bolivarianos, Esaúl Olivar Linares.
Pese a la polarización latente frente al tema, la emergencia eléctrica, al igual que la sequía, es un hecho notorio y real que requiere de medidas pertinentes y firmes que reduzcan los niveles de afectación a la población, sostienen las autoridades de gobierno.
Ejemplo de ello es que el nivel de la represa del Guri continúa en descenso hasta ubicarse el pasado 6 de abril en 243,66 metros sobre el nivel del mar, su nivel más bajo en la historia y a sólo tres metros de entrar en un "punto de colapso". Fin
