CARACAS, 12 abr (Xinhua) -- La Titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó hoy la posición de la ACNUDH sobre la Ley de Amnistía impulsada por el poder Legislativo con mayoría opositora.
La canciller venezolana cuestionó las declaraciones de la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), Ravina Shamdasani.
La representante de la ONU calificó de "decepcionante" la sentencia emitida la víspera por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró inconstitucional la norma impulsada en la Asamblea Nacional (órgano Legislativo) de Venezuela.
El máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por el Legislativo el 29 de marzo pasado.
El documento fue entregado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien decidió no promulgar la Ley y en cambio lo remitió al TSJ, instancia que finalmente lo consideró inconstitucional.
"Es realmente lamentable que Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU haya desatendido doctrina internacional en materia de amnistía para complacer a la derecha venezolana", escribió la canciller en su cuenta en la la red social Twitter.
La ministra indicó que al avalar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la instancia internacional "refuerza la impunidad de la derecha venezolana para acometer acciones insurreccionales en contra del Estado constitucional de derecho".
"Ha cometido el peor error en el ejercicio de sus funciones", al "destruir toda la doctrina internacional en materia de amnistías y el derecho a la justicia", dijo la canciller.
"Pretende socavar la institucionalidad judicial en Venezuela y omite la visión de las víctimas", refirió la funcionaria venezolana.
Rodríguez cuestionó que se pretenda avalar el "autoperdón" de quienes han cometido crímenes en Venezuela.
Sostuvo que mediante este instrumento jurídico se pretende "eximir" de culpa a políticos y ciudadanos comunes procesados judicialmente en crímenes y delitos comunes, que la oposición local llama "presos y perseguidos políticos".
Entre ellos está el dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, quien cumple más de 13 años de prisión señalado como responsable de dirigir un plan para derrocar al presidente Maduro, movimiento que dejó 43 muertos y más de 800 heridos. Fin
