Por Edna Alcántara
MEXICO, 10 abr (Xinhua) -- Senadores mexicanos de izquierda buscan elevar de 7 a 15 años la pena de cárcel a quienes porten armas de fuego ilegales en México, una práctica que va en aumento.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 20 millones de ellas circulan en el país, de las cuáles el 63 por ciento se encuentra en manos del crimen organizado.
Ante esta situación, el senador Luis Humberto Fernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó en entrevista con Xinhua la urgencia de reclasificar las figuras penales y endurecer las sanciones administrativas por portación, posesión, almacenamiento, compra-venta, tráfico, transportación, uso y destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso.
El también responsable de dicha propuesta, dijo que actualmente las penas de cárcel por este delito son de tres meses a tres años, lo que alcanza incluso una fianza para poder salir en libertad.
"El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las armas; sin embargo, hoy la legislación vigente sobre su portación es muy laxa y limita su control", afirmó.
Es por ello, consideró, que se requiere reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para poder elevar las sanciones.
Al mismo tiempo, añadió, ayudaría a disminuir y transparentar la aplicación de los criterios en el otorgamiento de licencias y permisos de posesión o portación de armas de fuego.
De acuerdo con la legislación actual, se permite portar armas de hasta 9 mm sin mayor problema, y aún con armas de mayor peligrosidad, la sanción es una multa sin pena corporal. "Únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo", abundó.
En su opinión, la deficiencia de la norma pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado como la vida, el patrimonio, la paz, la salud y la seguridad nacional, además de que merma la capacidad del Estado para perseguir delitos y sancionar criminales.
"La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente", abundó.
Para el también secretario de la Mesa Directiva del Senado, la legislación con criterios discrecionales en su aplicación permite el incremento de dotación de armamento al crimen organizado, sofisticando las redes de corrupción y la economía del crimen.
De igual forma, aclaró que su iniciativa no pretende limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera más efectiva su portación ilegal.
"No se proponen nuevos delitos, sino únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen", argumentó.
La iniciativa plantea que en el caso de portación, fabricación, importación o acopio de armas sin un fin lícito que puedan ser utilizadas para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se incremente la sanción, pero también el decomiso de las mismas.
De igual forma, contiene criterios más específicos para el otorgamiento de los permisos que en la actualidad son ambiguos e insuficientes, y amplía los requisitos que solicitará la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación legal de armas, y endurece las sanciones para la portación, posesión y tráfico ilegal.
El legislador mexicano asegura que México, siendo un país "tan incendiado", lo primero que se tiene que pensar es en desarmar a la gente que no tiene por qué tener un arma.
"No hay una lógica de alguien que traiga un AK-47 en un carro, eso no es normal para todos los ciudadanos. Tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, transportan, venden, compran armas de fuego, explosivos y accesorios, con sujeción a proceso y bajo el beneficio de la libertad bajo caución, derivado de la falta de sanción ", insistió.
Hace más de una década en varios países de América Latina, entre ellos México, la proliferación de armas asociada con la violencia, el crimen, el narcotráfico y el fenómeno de las pandillas ya era considerado un problema de seguridad nacional.
Frente a esta situación, países como Brasil, implementaron políticas para su regulación. En 2004, después de más de una década de alza constante de homicidios, Brasil restringió la portación de armas y facilitó la entrega voluntaria y destrucción de más de 450.000 armas, con lo cual el problema disminuyó, según un reporte de la UNESCO.
A través del artículo 10 Constitucional, los mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
La ley federal determina los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
De acuerdo con la Secretaría (ministerio) de la Defensa, cada vez son más personas las que desean tener rifles o pistolas de manera legal. Sus cifras revelan que en el año 2001 se vendieron 956 armas para los cuatro usos referidos, y que en 2015, la comercialización llegó a las 10.115 piezas, lo que representa que la demanda creció nueve veces.
De igual forma, dicha institución entregó de 2.851 permisos en 2001, mientras que para 2015 fueron un total de 6.378.
"Lo que estamos proponiendo a través de esta iniciativa no es limitar el derecho constitucional a que las personas de bien cuenten con un permiso para tenerla en su casa, pero sí para tener más claro los requisitos para su posesión y portación de ellas con exámenes más minuciosos y que se corrobore que ninguno de ellos tenga antecedentes penales", insistió.
Contrario a ello, en la Ciudad de México, se cuenta con un programa de desarme voluntario que inició desde 2013, impulsado por las autoridades capitalinas, la Iglesia católica y el Ejército mexicano, a fin de promover una cultura de paz y respeto.
Este programa se ha mantenido debido a su éxito, y las personas que han entregado sus fusiles viejos o pistolas reciben un bono o beneficio económico, mientras que los juguetes bélicos entregados son cambiados por pelotas y hasta bicicletas.
