BRASILIA, 4 abr (Xinhua) -- El ministro de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, pidió este lunes, al realizar la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante la Comisión Especial del Impeachment de la Cámara de Diputados, el archivamiento del proceso por falta de base legal y por estar "viciado" desde su inicio.
Según Cardozo, no hubo "crimen de responsabilidad" en los términos definidos en la Constitución y, además, al autorizar el proceso, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), incurrió en "desvío de finalidad".
Subrayó que la Constitución, que consagra el sistema presidencialista, sólo autoriza el juicio político a menos que sea una situación excepcional en que el presidente "atente" contra la propia ley constitucional.
Además, el crimen de responsabilidad exige que el acto sea practicado directamente por el presidente de la República de forma dolosa, intencional y directa.
"La Constitución prevé que sólo actos de extrema gravedad, que atenten contra los cimientos institucionales, permiten el impeachment", afirmó, citando al estadounidense Tomas Paine al decir que "un gobierno sin Constitución es un poder sin derecho".
"Es una hipótesis excepcionalísima, que puede ser equiparada, según muchos juristas, a la intervención de la Unión en los estados, al estado de sitio, al estado de defensa", agregó.
Resaltó que el "impeachment" es un procedimiento legal en el caso excepcional de un "crimen de responsabilidad" que equivale a un atentado contra la Constitución, pero que se trata de un "golpe de Estado" ante la ausencia de tal crimen.
Destacó también que el juicio político es atribución del Congreso, pero que se trata de un juicio técnico, que sólo puede ser aprobado en base a delito de responsabilidad comprobado, y no apenas por una voluntad política, por el carácter presidencialista del sistema político brasileño.
En la segunda parte de su defensa, Cardozo apuntó que el presidente de la Cámara de Diputados incurrió en "desvío de poder" al autorizar el proceso de "impeachment", porque su motivación no fue resguardar la Constitución, sino que se trató de una "venganza" política.
El ministro citó diversas publicaciones periodísticas que señalaron, antes de la apertura del proceso, que Cunha amenazaba al gobierno con autorizar el "impeachment" si el Partido de los Trabajadores (PT) no votaba a su favor en el Consejo de Etica, que juzga denuncias de corrupción contra el presidente de la Cámara.
Con base en ese desvío de poder, pidió el archivamiento del proceso de "impeachment", y enfatizó que por estar viciado desde el inicio el gobierno, si es necesario, pedirá su nulidad al Supremo Tribunal Federal (STF).
Manifestó la seguridad del gobierno de que, si es necesario llegar a esa instancia, el STF declarará la ilegitimidad del proceso.
El ministro de la AGU subrayó, además, que no iba a referirse a ningún otro hecho que no estuviera contenido en el pedido de juicio político, en respuesta a parlamentarios opositores que argumentan con base en hechos no relacionados con la denuncia.
Con relación a las supuestas irregularidades administrativas apuntadas en el pedido de juicio político, Cardozo negó la existencia de préstamos a la Unión federal por parte los bancos públicos para financiar programas sociales, lo que según la oposición violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El llamado "pedaleo fiscal", agregó, por el que habría habido atrasos en los pagos a bancos públicos, son resoluciones del ministerio de Hacienda, no directamente de la presidencia, por lo que Rousseff tampoco podría ser responsabilizada.
Por otra parte, señaló que los llamados "créditos suplementarios" también denunciados, afirmó que las partidas apuntadas como irregulares se encontraban dentro de los límites establecidos por la Ley Presupuestaria, por lo que tampoco hubo ilegalidad.
Además, argumentó, el presidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), también firmó actos administrativos similares en 2001 y no fue cuestionado.
Concluyó pidiendo los miembros de la Comisión que lean atentamente el texto escrito de la defensa porque es "demoledor", y demuestra que el "impeachment" sería "rasgar la Constitución de 1988 y sería un golpe".
"Un nuevo gobierno, sean cuales fueren los hombres que vinieran, no puede nacer con esta marca de ilegitimidad", subrayó, citando al estadounidense Thomas Paine, quien dijo que "un gobierno sin Constitucion es un poder sin derecho".
Tras recibir la defensa, el relator de la Comisión Especial, diputado Jovair Arantes, del opositor Partido Laborista Brasileño (PTB), tendrá un plazo de hasta cinco sesiones ordinarias de la Cámara para elaborar un parecer, que será votado primero por la propia Comisión y luego llevado al plenario.
Para que sea aprobado el parecer en la Comisión, se necesita una mayoría simple de los votos de los presentes, desde que asistan al menos la mitad más uno de los miembros, que se compone de 65 diputados titulares.
Una vez votado el parecer, el proceso pasa al pleno de la Cámara, que debe decidir si lo remite al análisis del Senado o si lo archiva.
Para ser aprobado por los diputados y remitido al Senado, son necesarios los votos de al menos 342 de los 513 diputados.
El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, prevé que la discusión y la votación del proceso de juicio político deben tomar tres días, por lo que la votación en el plenario debe ocurrir antes del 21 de abril.
