CARACAS, 1 abr (Xinhua) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a una consulta pública a partir de mañana sábado, sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada en días pasados por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
"Yo abro una consulta pública, en un diálogo nacional para que el pueblo venezolano me haga llegar su propuesta, su opinión de qué debe hacer el presidente de la República, como jefe de Estado, con la Ley de Amnistía que quieren imponer como golpe de Estado", afirmó Maduro en un acto político en Caracas.
El dignatario suramericano destacó la importancia de estudiar el instrumento legal sancionado por la derecha local, debido a que "quieren, violando la Constitución y los derechos humanos, aprobar una ley golpista. En la ley confiesan sus crímenes desde 1999 hasta 2015".
Criticó que los legisladores opositores no hayan realizado una consulta con los demás diputados, lo que evidenciaría "la concepción golpista, inconstitucional y antidemocrática de quienes dirigen los cuatro grupos empresariales de la derecha venezolana".
A su juicio, el articulado no fue expuesto públicamente porque "van a perdonar los delitos de terrorismo" a los políticos que llamaron a hechos violentos durante el golpe de Estado en el año 2002 y los sucesivos hechos que en algunos casos dejaron personas fallecidas.
Para el mandatario venezolano, la Asamblea Nacional ha dejado claro que está "de espalda al país" y a los problemas que afectan actualmente a la nación caribeña.
La bancada derechista en el Congreso unicameral de Venezuela aprobó finalmente por decisión mayoritaria de sus miembros, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la cual consta de 29 artículos y que ha sido calificada por autoridades del gobierno como una "Ley de Amnesia Criminal".
Tras su sanción en el Parlamento, el documento será remitido al Ejecutivo, quien determinará la promulgación o no del mismo, por lo que el presidente Maduro ha acotado que no aprobará la referida Ley.
El jefe de Estado tendrá un lapso de 10 días para pronunciarse respecto al instrumento y tiene la posibilidad de remitirlo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que la máxima instancia judicial de Venezuela determine la constitucionalidad o no del documento.
