BRASILIA, 31 mar (Xinhua) -- El plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó este jueves su competencia inmediata en las investigaciones relativas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retirándolas del juez de primera instancia Sergio Moro, y ratificó el sigilo sobre las escuchas telefónicas entre el ex mandatario y la presidenta Dilma Rousseff.
La decisión confirma lo que había sido definido la semana pasada por uno de los integrantes de la Corte, Teori Zavascki, quien determinó que el STF debe analizar si el ex presidente tiene foro privilegiado.
Ello no significa que Da Silva será juzgado por el STF, lo que será establecido la semana próxima por el plenario, cuando la Corte juzgue el mérito de las acciones que cuestionan la designación de Lula da Silva como ministro jefe de gabinete del gobierno Rousseff.
Al reafirmar sus argumentos contra la decisión de Moro de divulgar extemporáneamente las escuchas telefónicas, el juez Zavascki dijo hoy que la divulgación "hirió la competencia" del STF.
"El magistrado, al constatar la presencia de autoridades con prerrogativa de foro, debería enviar las conversaciones interceptadas al Supremo Tribunal Federal. La decisión de divulgar las conversaciones de la presidenta, aunque encontradas fortuitamente, no podrían tener su sigilo retirado por un juez de primera instancia", señaló.
En uno de los audios divulgados por Moro -responsable en primera instancia de la Operación Lava Jato (Lavadero), que investiga desvíos en la petrolera estatal Petrobras- Rousseff dice a Lula da Silva que enviaría un documento para formalizar su nombramiento como ministro jefe de la Casa Civil "en caso de necesidad".
La conversación fue utilizada por políticos opositores para sostenar que la designación podría tener el objetivo de dar foro privilegiado, al ex mandatario, es decir, que sólo pudiera ser juzgado por el STF.
Los audios son escuchas realizadas por la Policía Federal entre el 17 de febrero y 16 de marzo, y fueron divulgadas por el juez Moro horas después de que Lula da Silva asumiera como ministro el día 16.
La divulgación provocó una grave conmoción social y política y pusieron a Brasil al borde de una crisis institucional.
Aunque la actitud de Moro fue considerada ilegal y violatoria de las garantías constitucionales por numerosos juristas, el contenido de los audios llevó a la oposición a pedir la renuncia de Rousseff y la prisión de Da Silva.
Esta semana, el propio juez Moro pidió disculpas al STF reconociendo su error en haber dado a conocer las grabaciones que violaron las garantías de la propia Presidencia de la República.
