BRASILIA, 22 mar (Xinhua) -- La jueza del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Rosa Weber, negó hoy el "hábeas corpus" solicitado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que lo investigue el juez federal Sergio Moro, a cargo del caso de corrupción en Petrobras.
Weber argumentó que no cabe un "hábeas corpus" para cuestionar una decisión "monocrática" de otro integrante de la Corte Suprema, lo cual significa que una revisión sólo podrá ser tratada por el plenario del tribunal.
La defensa de Lula solicitó un "hábeas corpus" para anular la decisión del juez Gilmar Mendes, también del STF, quien suspendió la designación del ex mandatario como jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República y reenvió las investigaciones al juzgado de primera instancia del juez Moro, a cargo de la operación "Lava Jato" (Autolavado).
"No cabe pedido de 'habeas corpus' originario para el tribunal pleno contra un acto del ministro u órgano fraccionario de la corte", señaló Weber en su resolución de Weber.
Los abogados de Da Silva argumentaron que, al analizar el pedido de los opositores Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y Partido Popular Socialista (PPS) para la suspensión de la designación de Da Silva, Mendes fue más allá de lo que demandaban esos partidos.
La defensa se refirió a la decisión de Mendes de reenviar las investigaciones relativas al ex presidente al juzgado de primera instancia del juez Sergio Moro.
La asesoría de prensa del STF informó el lunes que la apelación a la decisión de Mendes sólo podrá ser tratada por el plenario a partir de la semana próxima, en razón del feriado del Viernes Santo.
La defensa del ex presidente brasileño acusa al juez Moro de violar la ley, al divulgar escuchas telefónicas ilegales con varias personas, entre ellas la presidenta de Brasil Dilma Rousseff.
Los abogados pidieron la apertura de una investigación para establecer si hubo delito en la grabación y divulgación de las comunicaciones telefónicas.
Entre los audios divulgados por Moro, uno capturó un diálogo entre Rousseff y Da Silva, lo cual sugiere que el nombramiento del ex presidente como jefe de la Casa Civil tuvo como objetivo concederle fuero para que sólo pueda ser juzgado por el STF.
Da Silva es investigado por presuntos beneficios recibidos de empresas involucradas en fraudes públicos y por la supuesta ocultación de patrimonio.
