BRASILIA, 4 mar (Xinhua) -- La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) pidió hoy al Supremo Tribunal Federal (STF) la suspensión del procedimiento de declaración forzada de su defendido porque es "innecesaria".
La Policía Federal de Brasil llevó a cabo la mañana de este viernes un hallanamiento en el domicilio de Lula da Silva en Sao Bernardo do Campo en el estado de Sao Paulo (sureste) para llevarlo a declar de manera forzada.
"El suscitante ya prestó testimonio a la Policía Federal cuando fue notificado a hacerlo en una investigación policial de Brasilia (capital), este año, conforme documento anexo", señaló el documento de la defensa entregado al STF.
Agregó: "Por lo tanto, no hay ninguna base para presumir que, regularmente notificado, no repetiría un acto de cuya realización no reluctara".
El ex mandatario fue llevado a prestar testimonio en un automóvil policial a una delegación en el aeropuerto de Congonhas.
Lula da Silva debe declarar en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal conocidas como "Lava Jato" sobre un esquema de corrupción en Petróleo Brasileño Sociedad Anónima (Petrobras) en el que se involucra a ex mandatario.
La investigación busca establecer si Lula recibió beneficios indebidos de empresas vinculadas a la red de irregularidades detectadas.
De acuerdo con las indagatorias, constructoras que sobrefacturaban contratos y eran utilizadas para desviar fondos de Petrobras, ofrecieron presuntamente servicios gratuitos al ex mandatario para la ampliación de inmuebles y otras obras de remodelación.
El Ministerio Público Federal también cumplió otros mandatos judiciales en las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se ubican propiedades adjudicadas a Lula, que el ex mandatario asegura no son de su propiedad.
La operación bautizada como Aletheia (búsqueda de la verdad) es realizada por 200 agentes federales y 30 auditores fiscales a partir de 44 órdenes judiciales, entre ellas aprehensiones y obligaciones forzadas a declarar en Río de Janeiro, Sao Paulo y Bahía.
A su vez, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva afirmó que la operación llevada a cabo este viernes es "ilegal y política".
En tanto, la Central Unica de Trabajadores (CUT) lanzó una jornada de vigilancia en defensa del ex mandatario brasileño.
