RIO DE JANEIRO, 25 feb (Xinhua) -- Movimientos sociales y políticos, sindicatos y grupos religiosos pidieron hoy jueves a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que vete el proyecto de ley aprobado el miércoles pasado por la Cámara baja y que tipifica el terrorismo como un crimen.
El polémico proyecto, que establece penas entre 12 y 30 años de prisión para quien ponga en peligro "a personas, patrimonio o la paz pública" con la finalidad de "provocar terror social", fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser sancionado por Rousseff en las próximas semanas para que entre en vigor.
Un centenar de movimientos sociales firmaron un manifiesto en el que consideran que la nueva ley servirá para "reprimir y controlar manifestaciones de grupos organizados", aunque el texto excluye expresamente su aplicación a los actos practicados en protestas de carácter político o social.
El proyecto de ley contempla que no se aplique la ley a aquellas conductas cometidas por "las personas que participen en manifestaciones políticas, movimientos sociales o sindicales" y cuyo propósito sea "contestar, criticar, protestar o apoyar, con el objetivo de defender o buscar derechos, garantías y libertades constitucionales".
La legislación brasileña no recogía hasta ahora el delito de terrorismo. La Cámara aprobó ayer el proyecto de ley, algo considerado básico por el Gobierno antes de la disputa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.
No obstante, los movimientos sociales consideran que la ley le da a la policía y a la fiscalía el poder de decidir si las conductas punibles se pueden atribuir o no a los movimientos sociales.
"Queda claro que este dispositivo, en el caso de que sea aprobado, será utilizado por los sectores conservadores contra las manifestaciones legítimas de los diversos movimientos sociales", según la nota divulgada.
El manifiesto recuerda que la presidenta "Rousseff fue acusada de la práctica de terrorismo" durante la dictadura militar (1964-1985) por su actividad guerrillera, lo que le llevó a ser encarcelada durante dos años.