SANTIAGO, 16 feb (Xinhua) -- A petición del gobierno de Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha estado revisando técnicamente la cuestionada Ley de Pesca, informó hoy la prensa local.
Esa revisión fue uno de los compromisos del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que fue ratificado en su Cuenta Pública por a mandataria ante el Congreso del 21 de mayo de 2015.
El ministro interino de Economía, Raúl Súnico, se reunió hoy con la representante en Chile de la FAOpara conocer los detalles de la revisión.
Esa ley fue denunciada por organizaciones de pescadores artesanales y otras, considerando que sus derechos habían sido violados a favor de las siete familias dueñas de las grandes empresas que controlan el sector pesquero chileno.
Durante las investigaciones, se encontró que el senador derechista Jaime Orpis había recibido de forma permanente unos 5 mil dólares mensuales, tras incluir en la Ley de Pesca párrafos redactados por la Empresa CorPesca. El legislador fue desaforado y enfrenta cargos cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco.
La FAO y el gobierno, junto a expertos en legislación pesquera, acordaron una agenda de trabajo para la revisión de la Ley de Pesca en línea con los instrumentos, acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero.
Hoy, el ministro interino de Economía, Raúl Súnico, sostuvo hoy una reunión en Santiago con Eve Crowley, representante de la FAO, para conocer la marcha de la evaluación técnica de esa ley.
"Le pedimos a la FAO que hicieran una revisión exhaustiva de la legislación chilena, para ver si ésta se atiene a las mejores prácticas y directrices que a nivel internacional se han fijado en materia pesquera", afirmó Súnico.
Comentó que "esta evaluación es técnica, seria y con el objetivo de que nuestra legislación recoja las mejores prácticas en materia pesquera", indicando que se consultará a todas las partes involucradas en la legislación.
Por su parte, Crowley comentó que "se estará construyendo, a finales de este mes, un instrumento de participación, a través de un cuestionario, el cual será aplicado a grupos de intereses dentro del sector pesquero".
Agregó que estos grupos incluyen a los pescadores artesanales e industriales, pero también a la sociedad científica, organizaciones no gubernamentales y otras, a fin de tener una mirada completa del sistema pesquero chileno.
Dicho proceso se hará en los meses de abril y mayo próximos en cuatro macro regiones del país: Norte (Iquique), zona centro (Coquimbo), centro-sur (Concepción) y sur austral (Puerto Montt), finalizando en Santiago y Valparaíso.
Dijo que ese proceso tiene como objetivo recabar información relativa a aspectos esenciales, así como inquietudes y temáticas de cada sector como complemento a la revisión de la ley y las recomendaciones finales que serán entregadas al gobierno.
Súnico dijo que "tenemos una posición respecto del proyecto de ley: lo consideramos inconstitucional, y esperamos que la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del parlamenteo así lo ratifique".
Comentó que "es bueno para la sociedad que tengamos un debate abierto con soporte técnico y esta asesoría nos va a contribuir con elementos técnicos que van a ser procesados por los distintos espacios de participación y la discusión política que se realizará en el Congreso".
El equipo de expertos a cargo de la revisión de la Ley de Pesca estará liderado por Cristina Leria, consultora internacional y abogada especialista en derecho internacional con experiencia en materia de pesca y acuicultura, e incluye a varios especialistas de instituciones chilenas.
Las actividades serán supervisadas por el Oficial Principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, junto con la Representación de la FAO en Chile.
Afirmó que la Ley de Pesca será comparada con los acuerdos internacionales de la Convención del Mar de las Naciones Unidas (Convemar) y el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
A su vez, será parte de la comparación las directrices internacionales aceptadas por el Estado Chileno, tales como el código de conducta sobre la pesca responsable y las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.
Se estima que la revisión de la ley se haría en ocho meses, según consta en la resolución de transferencia de Fondos Fiduciarios Unilaterales (FFU) para la FAO, firmada el 13 de noviembre pasado.
