CARACAS, 30 ene (Xinhua) -- La iniciativa de ley sobre propiedad habitacional que impulsa la mayoría opositora en el Congreso de Venezuela es inaplicaple e inconstitucional, afirmó hoy el ministro venezolano de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo.
"Defenderemos nuestras viviendas con toda la fuerza política posible (...) ellos quieren estafar a nuestro pueblo aplicando fórmulas capitalistas y por eso nos declaramos en rebelión", dijo el ministro durante un encuentro con beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en las afueras de Caracas.
De acuerdo con Quevedo, el instrumento jurídico aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional busca privatizar el derecho a la vivienda.
El gobierno venezolano asegura que la iniciativa de ley está orientada a tasar las más de un millón de viviendas hasta ahora entregadas por el Ejecutivo, a precios del mercado especulativo y no con base en los costos de producción.
Por su parte, los 109 diputados pertenecientes a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) insisten en la entrega de titularidad a las familias, tras argumentar que el gobierno sólo otorga una carta de adjudicación a éstas.
El diputado por el bloque socialista y ex ministro de Vivienda, Ricardo Molina, aseguró que la bancada oficialista, en unión con los beneficiarios organizados, impedirá que se privatice el derecho a la vivienda.
Molina anunció la activación del Frente Nacional en Defensa de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en contra de la "Ley estafa".
Por su parte, el legislador Héctor Rodríguez acompañó la tesis de una eventual privatización de la GMVV e informó que las fuerzas políticas afectas al Ejecutivo se desplegarán por todos los urbanismos para abordar la problemática.
"Estaremos en todos los urbanismos de GMVV del país con las familias en batalla contra la 'Ley estafa' que privatiza el derecho a la vivienda", puntualizó Rodríguez.
El proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela constituyó una iniciativa del diputado de la MUD, Julio Borges, quien lo presentó ante la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero.
El texto legal consta de 14 artículos y establece los mecanismos para la protocolización de los documentos de propiedad ante una Oficina de Registro Inmobiliario.
Funcionarios del gobierno aseguraron sin embargo que ya existe un proceso de oficialización permanente en torno a la adjudicación de los hogares, el cual se puede constatar en cualquier Registro Público del país.
El martes continuará el debate en el seno del Congreso unicameral para aprobar en segunda discusión el proyecto de ley.
Ante ello, el oficialismo convocó a las organizaciones a reunirse en las afueras de la Asamblea Nacional para exigir que no se apruebe el instrumento.
