Por Sabina di Muro
CARACAS, 21 ene (Xinhua) -- Con el Decreto de Emergencia Económica emitido el 15 de enero pasado, el presidente venezolano Nicolás Maduro ratificó la necesidad de asumir medidas excepcionales ante las circunstancias que enfrenta la economía nacional.
El proyecto persigue fundamentalmente transformar el modelo de dependencia petrolera, que mantiene la economía venezolana sujeta a parámetros estructurales del capitalismo rentista, cuyo patrón está agotado y no ha podido ser superado durante la revolución bolivariana.
Para ello, se ha trazado un plan de acción para impulsar un nuevo modelo económico productivo y social que conlleve a la consolidación del socialismo.
De allí que la iniciativa busca rectificar la metodología de abordaje a la "crisis coyuntural", mas no sustituir la esencia de la ideología del sistema político.
En este sentido, las medidas no se suscriben a una agenda de pragmatismos neoliberales. Por el contrario, buscan preservar la inclusión y justicia con bienestar social a través de la optimización de la producción nacional, como fórmula para aumentar sustantivamente los niveles de oferta.
El decreto presenta tres visiones sobre la situación económica, la productiva, la tributaria y la administrativa.
Tiene además elementos que dan luces sobre la orientación general de las políticas a implementar, signadas por formas más expeditas mediante la superación de nudos burocráticos y la dinamización de procesos.
También destaca el carácter estratégico y oportuno de la promulgación del decreto, tras el cambio en la correlación de fuerzas de los poderes.
Así lo explicó a Xinhua la economista Judith Valencia, al mencionar que "el gobierno vuelve al contrataque y a la coherencia política que había perdido por la sorpresa de la dimensión de los dispositivos de guerra aplicados desde la contrarrevolución"".
En medio de este panorama, la analista considera imperativo el tema agroalimentario, pues son las decisiones "rápidas y efectivas que espera el pueblo"
La mayor demanda de la población, afectada por el desabastecimiento y una inflación, estimada en 141,5 por ciento, es la aplicación de medidas concretas e inmediatas para normalizar el sistema de distribución de bienes de primera necesidad como alimentos y artículos de higiene.
"Nos encontramos en una situación crítica", dijo Valencia al referirse a las largas filas que los venezolanos deben hacer cada día para encontrar alimentos y otros productos.
El decreto está diseñado para corregir las distorsiones económicas que han generado las actividades de contrabando, especulación y extracción a través de las zonas fronterizas de alimentos y medicinas, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva interna.
A este respecto se refirió el profesor Tony Boza, al señalar que "los motores de desarrollo y el abordaje de la caída de la cadena de distribución le da facultades al ejecutivo para intervenir procesos y ponerlos a disposición del pueblo y de los que están dispuestos a producir".
El gobierno de Venezuela priorizará los sectores de hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria militar y turismo.
"La estrategia de los motores (de economía) no es una moda, es la recomposición del sistema productivo nacional", afirmó el presidente Maduro durante la instalación el pasado martes del Consejo de Economía Productiva, un espacio de discusión en el que el sector productivo estatal, privado, mixto y comunal se han asumido como alternativas.
Para el analista, la producción tiene sus "plazos y ritmos", y es probable tener resultados en el corto y mediano plazo en algunos rubros como la alimentación, "que ya viene funcionando y lo que necesita es un reimpulso".
Un elemento que incluye este proyecto de emergencia es el aumento de la exportación para elevar la captación de divisas y diversificar sus fuentes, por lo que se ha convocado la participación de todos los empresarios e industriales, con el fin de sustituir las importaciones.
"Hay un sector empresarial que tiene ansias de producir pero ha sido víctima de otro sector, el especulador importador que se ha lucrado a partir de esta relación cambiaria que es desfavorable al pueblo", explicó Boza.
En Venezuela fluctúa un mercado "negro" de divisas que cotiza el dólar en un valor ilícito, muy por encima del real, y que es utilizado como tipo de cambio para fijar la estructura de costos de bienes y servicios.
"El dólar paralelo está alejado de la realidad, no tiene ningún parangón aplicable a ninguna forma matemática ni económica", precisó el economista al desestimar la posibilidad de una unificación cambiaria.
Consideró que en Venezuela no hay mercado de dólares, porque existe un solo oferente que es el Estado, que produce el 97 por ciento de las divisas que entran al país, mientras que el otro 3 por ciento lo produce el sector privado, por eso el gobierno "se ve obligado a mantener un control sobre las divisas".
La política cambiaria venezolana consta de tres tasas, una oficial de 6,30 bolívares por dólar para áreas estratégicas como medicinas y alimentos, el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) de unos 13 bolívares por dólar y el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) de unos 200 bolívares por dólar.
"El problema del dólar en Venezuela, es político no económico", enfatizó el profesor.
Destacó que una de las medidas inmediatas que puede dar resultados a muy corto plazo es la captación de recursos a través de la recaudación de impuestos.
"En lo que tiene que ver con disminuir sustancialmente la evasión fiscal, es evidente que el decreto tiene un marco regulatorio para hacer más expeditos y transparentes los procesos de declaración del impuesto", indicó.
La captación de recursos a través del hecho fiscal daría un respiro inmediato a la ahogada economía venezolana, ya que de enero a marzo es el periodo de recaudación en el país, lo cual supone una concreta generación de ingresos por ese concepto.
"En este país no evadimos impuestos los asalariados porque estamos en una nómina, quienes evaden impuestos son los que tienen capacidad de hacer ingeniería fiscal y presupuestaria para no declarar procesos, es decir, los altos empresarios", precisó Boza.
El plan impulsará, además, el financiamiento de la banca pública a los proyectos productivos de las pequeñas y medianas industrias, y en este sentido las autoridades han convocado al esfuerzo nacional.
El objetivo es sostener el nivel de vida y las misiones sociales, "todo lo contrario a los paquetes que se aplican en otras partes del mundo, donde lo que se intenta es crear equilibrios macroeconómicos o solventar problemas de la banca comercial", resaltó la economista Valencia.
Otro aspecto considerado por el gobierno venezolano es la necesidad de aumentar el precio de la gasolina, cuyo subsidio por parte del Estado representa una pérdida anual de 12.592 millones de dólares, a causa de la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta, congelado desde hace 17 años.
Desde hace dos años, Venezuela enfrenta una crisis real generada por los bajos niveles de los precios petroleros y una inducida, que se genera por factores estructurados por el sector privado a través de una "guerra no convencional".
El Decreto de Emergencia es un desafío a unir esfuerzos para superar la coyuntura a través de las alternativas propuestas para mantener una economía inclusiva y soberana; lo cual supone el camino más espinoso, y una encrucijada en la que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) también deberá tomar postura frente a los problemas económicos.
Hacer viable este plan no será fácil por la complejidad de que se subordinen a él sectores económicos cuyo interés está alejado del bienestar social de la población, sin embargo es el camino que garantiza precisamente la preservación de los avances logrados en materia de derechos sociales y humanos.
