BRASILIA, 30 dic (Xinhua) -- El Tesoro Nacional de Brasil anunció este miércoles que el gobierno de Dilma Rousseff saldó las deudas con bancos públicos derivadas del "pedaleo fiscal" 2014, maniobras que implicaban operaciones de crédito, las cuales cuestiona la oposición.
El "pedaleo fiscal" justificó la apertura del proceso de juicio político contra la presidenta Rousseff en la Cámara de Diputados, el cual deberá ser tratado a partir de febrero próximo en el Congreso.
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Otávio Ladeira, el gobierno pagó 72.375 millones de reales (18.560 millones de dólares) a los bancos públicos y al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, un fondo de aportes patronales.
El Tesoro señaló en un comunicado que abonó los pasivos conforme a la determinación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCUO)
"El pago de todas las obligaciones en este ejercicio era una medida necesaria para fines de cumplimiento de la meta de resultado fiscal, una vez que, a partir de una determinación del TCU, hubo cambios en el momento en que se iban a aprobar las referidas obligaciones en el análisis de las estadísticas oficiales por el Banco Central", señaló.
"Así, todas las obligaciones con los bancos públicos y fondos están inmediatamente contabilizadas como gastos primarios e integrarán las estadísticas fiscales", agregó.
El "pedaleo fiscal" se refiere al atraso en el envío por parte del gobierno de fondos a los bancos públicos para el pago de beneficios sociales y jubilatorios.
Como consecuencia de ese atraso, instituciones como la Caixa Económica Federal y el Banco do Brasil tuvieron que utilizar recursos propios para honrar esos compromisos.
El TCU rechazó en octubre pasado las cuentas públicas del gobierno correspondientes a 2014 con base en esas operaciones.
Según la oposición, la maniobra puede ser considerada una operación de crédito, ya que en la práctica los bancos públicos prestaron valores a la Unión, lo cual está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El pago de los débitos atrasados refuerza la defensa de Rousseff, que tendrá un argumento más firme para conseguir los votos necesarios en el Congreso que lleven a archivar el proceso de juicio político.
