Por José Aguiar
CARACAS, 20 dic (Xinhua) -- Venezuela, una nación en que la soberanía reside en el pueblo, se ha caracterizado los últimos años por otorgar a los ciudadanos el derecho irrevocable de comunicarse y expresarse libremente, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de esta nación suramericana.
En ese contexto se ha impulsado la conocida "Comunicación Popular", a través de la cual los venezolanos reciben el beneplácito para crear y fortalecer diferentes formas de relacionarse, entre ellos los medios de comunicación comunitarios y alternativos.
El pasado 10 de diciembre fue aprobada la Ley de Comunicación para el Poder Popular, que "visibiliza" y brinda apoyo a los comunicadores alternativos que ejercen funciones con "ética", explicó a Xinhua Alcides Martínez, vocero del Consejo Nacional para la Comunicación Popular.
Martínez aseguró que apenas ratificada en el seno de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), ya se encuentra "amenazada" por los diputados opositores (112) que legislarán desde el Parlamento desde el próximo 5 de enero por el período 2016-2021.
"Nosotros estamos llamando a defender este nuevo instrumento, porque sabemos que el fascismo parlamentario va a querer derogarla, porque al capitalismo comunicacional no le interesa", dijo .
Puntualizó que las intenciones de la derecha quedaron de manifiesto con la amenaza de despido que hicieron a trabajadores del canal institucional Asamblea Nacional Televisión (ANTV) y de la Asamblea Nacional Radio.
Desde el impulso de los medios comunitarios en la nación suramericana en el año 2002, se ha instituido un total de 876 medios alternativos, de los cuales 659 son radios, 75 televisoras comunitarias, 129 medios impresos y 13 medios digitales.
En entrevista a Xinhua, el director de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio para la Comunicación y la Información (Minci) de Venezuela, Reinaldo Escorcia, apuntó que este instrumento legal permite que los ciudadanos puedan organizarse "libremente" para ejecutar sus proyectos.
"¿Qué es lo que cambia la Ley?, con la Ley aprobada se plantea que pueden tener cualquier figura jurídica, es decir, pueden crear asociaciones, fundaciones, pueden ser comunas organizadas, empresas de propiedad social directa, entre otros", puntualizó Escorcia.
Añadió que los medios de comunicación alternativos existentes y los que están en proyecto, pueden acudir ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para solicitar la concesión que les permite realizar transmisiones por señal abierta.
De hecho, de los 734 medios comunitarios que transmiten por espectro radioeléctrico, 306 cuentan con la aprobación de Conatel para realizar proyección por señal abierta.
Eso concuerda con el objetivo expuesto en la Ley, que establece: "impulsar, fortalecer y consolidar la comunicación popular, normando la organización, funcionamiento y articulación de las iniciativas comunicacionales de comunidades organizadas y movimientos sociales".
Esta herramienta legal, en su artículo 7, ratifica la creación del Consejo Nacional de Comunicación Popular, que es una instancia colegiada de carácter federal con personalidad jurídica propia.
"Tendrá como objeto articular, deliberar, planificar, ejecutar, consolidar, promover e impulsar las políticas comunicacionales surgidas desde las diferentes vertientes de la Comunicación Popular, sustentada en los principios de la democracia participativa y protagónica", puntualiza el artículo.
Este Consejo Nacional de Comunicación estará integrado por 49 voceros principales con sus respectivos suplentes, "procedentes de los siete (7) ejes territoriales... a razón de los siete (7) voceros y suplentes escogidos en cada eje, por cada una de las vertientes comunicacionales".
En cada una de esas vertientes se escoge un vocero por radio, televisión, medios impresos, medios digitales y electrónicos, muralistas u otros formatos comunicacionales.
También un vocero de los Comités de medios Alternativos Comunitarios de los Consejos Comunales o de las comunas, y uno de los movimientos sociales que desempeñan funciones.
Estos deben ser electos en una determinada asamblea de vocería de los Consejos Estadales de la Comunicación Popular, y su período de ejercicio en la instancia es de dos años revocables; aunque al culminar su período pueden ser reelectos, según refleja la Ley.
Pero además de este nuevo instrumento jurídico, los comunicadores se rigen por el "Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abiertas Comunitarias de Servicio Público, sin fines de Lucro", el cual fue construido por los comunicadores en el año 2002.
Al respecto, los colectivos han planteado trabajar en su rediseño, para actualizarla y agregar algunos elementos importantes, y adaptarla a la nueva Ley de Comunicación para el Poder Popular y a las nuevas tendencias comunicacionales.
"Ahora buscamos impulsar espacios comunicacionales en las escuelas, liceos y universidades. Hemos venido desarrollando talleres de comunicación e información, para lo que tiene que ver con la producción de contenido, creación de medios a través de la web", agregó Escorcia.
Según dijo el vocero del Consejo para la Comunicación Popular, Alcides Martínez, este reglamento "también está amenazado por la nueva AN, que pretende cerrar el espacio comunicacional al Poder Popular, para que se mantenga en silencio, humillado y en desconocimiento".
Aseguró que por ahora siguen "trabajando y fortaleciendo" el espectro comunicativo en las comunidades, lo que les ha proporcionado buenas experiencias que permiten determinar las debilidades para contrarrestarlas.
"La experiencia ha sido muy interesante, con debilidades. Hay emisoras que están legalmente habilitadas y hay colectivos que han tomado buenas iniciativas, pero hay otros que se han aprovechado para hacer negocios de la comunicación popular", apuntó Martínez.
Agregó que entre otros beneficios que se registran, destaca el enlace comunicacional alcanzado con medios de otras naciones como México, Argentina, Brasil y Paraguay, lo que les permite intercambiar ideas con profesionales extranjeros.
Ahora, los comunicadores alternativos trabajan por lograr las metas propuestas en el Plan Nacional de la Comunicación Popular 2016-2019, que contiene los "planteamientos de los comunicadores populares en favor de transformar el modelo de comunicación en diferentes comunidades".
"Ellos (colectivos) crearon un Plan Nacional de Comunicación Popular, que comprende el año 2016-2019. Al revisar ese plan y al compararlo con la Ley, se plantean los mismos aspectos, es decir, existe un plan para ejecutar la Ley en los próximos cuatro años", afirmó Reinaldo Escorcia.
Ante el panorama político que se vivirá desde enero con la renovada Asamblea Nacional, de mayoría opositora, los comunicadores alternativos impulsan diversos planes en defensa de los mecanismos de producción de contenido y control de los medios.
"Con ellos (oposición) en la AN, hay una contradicción con el Poder Popular, porque ellos van a defender sus intereses y los de sus grandes empresarios financistas", señaló Alcides Martínez.
Enfatizó que están dispuestos a "luchar" para defender un derecho consagrado en la Constitución, no sólo dentro de "cuatro paredes con un micrófono", sino en la calle, ejerciendo la legalidad comunicacional a través de los diferentes mecanismos que hoy permiten intercambiar opiniones.
