Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 5 dic (Xinhua) -- El diputado chileno Rosauro Martínez recibe su dieta parlamentaria íntegra de 6,5 millones de pesos (unos 8.800 dólares) mensuales, pese a estar desaforado, situación que genera polémica en el país.
Usuarios de las redes sociales de internet manifestaron sus molestias tras enterarse que el legislador, separado de sus funciones, continúa percibiendo una suma alta de dinero.
Martínez está acusado por integrar una patrulla del Ejército que asesinó en 1981 a de Próspero Guzmán, Patricio Calfuquir y José Monsalve, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en el municipio de Panguipulli, de la Región de Los Ríos, en el sur del país.
Por ese hecho, debió participar en la reconstitución de las escenas del homicidio de los campesinos y actualmente se encuentra bajo investigación judicial.
Según la ley, el fuero parlamentario permite que un diputado o senador, elegido o designado, no pueda ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva.
En junio de 2014, la Corte Suprema decidió el desafuero de Martínez, quien es jubilado del Ejército y representa a las comunas del sur de Chile: Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio y Yungay.
Estar desaforado significa que no tiene derecho a asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados, ni votar ni participar en sus comisiones de trabajo, pero sigue recibiendo dieta parlamentaria.
De manera oficial no debe recibir pagos por concepto de traslados, viáticos, asesorías externas y gastos de publicidad, sin embargo Martínez aparece en el portal de la Cámara de Diputados con un monto de dos millones 225.694 pesos (unos 3,180 dólares) de gastos durante el mes de octubre pasado, al igual que los meses anteriores.
Al respecto, el presidente del Senado, Patricio Walker, dijo no tener facultades para suspender el pago de dieta.
"Eso está regido en la Constitución. Los parlamentarios desaforados dejan de cumplir su labor legislativa, pero siguen cumpliendo su labor en sus circunscripciones y recibiendo a ciudadanos", explicó.
Según el diputado socialista Raúl Zaldívar, "el desafuero significa simplemente que él no puede tener acceso a las comisiones de trabajo ni a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, aunque puede concurrir a su oficina en el Congreso y pasearse por los pasillos".
Explicó que Martínez puede seguir desarrollando un conjunto de tareas, como recibir personas y realizar otras actividades que son propias de la vida parlamentaria.
Aclaró que el desafuero supone un proceso judicial, que termina o no con la condena por parte de los tribunales. En caso positivo, el legislador, cuyo periodo concluye en 2018, pude dejar de acceder a sus facilidades de la cuales ahora disfruta, no obstante, según la experiencia en Chile, puede transcurrir largo tiempo.
"Hemos tenido conversaciones entre los parlamentarios para modificar esta situación, que requiere ser revisada y modificada porque los desafueros pueden ser por diferentes causas y, por ahora, no hay una fecha precisa para modificarla", precisó.
El secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, dijo que Rosauro Martínez sigue recibiendo dinero porque tiene otras responsabilidades con sus representados, lo cual está reconocido en la ley orgánica, que es la representación política".
"Martínez está suspendido de sus funciones legislativas, pero no de todas las tareas de representación que tiene como parlamentario", subrayó.
En junio pasado la Corte Suprema confirmó el desafuero del senador independiente Carlos Bianchi, luego que la Corte de Magallanes aprobó su desafuero por delitos de fraude al fisco e irregularidades en el arriendo de una sede a su suegra y su cuñada con dinero del Congreso.
En otro caso, la Corte Suprema rechazó el desafuero del diputado Marcelo Chávez Velásquez, imputado por la Fiscalía cpor conducir un vehículo en estado de ebriedad y causar daños a terceros.
Más de 15 parlamentarios chilenos han sido desaforados, por distintas causas, desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, cuando se puso fin al régimen militar.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, abogó hace unos días por la eliminación del fuero parlamentario
"Pensado como una protección ante acusaciones infundadas, parece hoy no tener justificación y debiera evaluarse la conveniencia de su mantención", comentó.
A su juicio, debe pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios.
Consideró que "acceder al desafuero trae como consecuencia no solamente que el parlamentario debe concurrir ante la corte para responder la imputación, sino también que por la decisión de los tribunales se suspende de su cargo, alterando la composición de fuerzas políticas al interior del parlamento".
Al parecer, el debate sobre modificar el desafuero toma fuerza en Chile, mientras muchos ciudadanos no comprenden que un parlamentario desaforado siga recibiendo un alto salario sin ejercer sus obligaciones legislativas, para las cuales fue elegido.
