Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 5 dic (Xinhua) -- La denuncia pública en febrero de la Contraloría General de "graves" daños económicos al Estado de Bolivia en el estatal Fondo Indígena alcanzó hoy a dirigentes indígenas y campesinos involucrados en el desvío de recursos.
Ante este panorama irregular que toca al sector aliado del oficialismo, el propio presidente Evo Morales demandó sanciones ejemplares para los responsables de estos actos e instruyó hacer un seguimiento para que la ley se cumpla con rigurosidad.
"La justicia tiene que ver con todos, y se debe actuar con pruebas documentadas, por eso la dejamos en manos de la justicia, la justicia que juzgue como corresponde", señaló el 1 de diciembre.
Asimismo el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, reconoció que una de las "manchas" que afectan a la gestión de gobierno es la corrupción en el Fondo Indígena.
La Contraloría General del Estado denunció en febrero que 153 proyectos del Fondo Indígena se encontraron inconclusos y otros inexistentes con un daño económico al Estado por 10,2 millones de dólares.
Seis meses después la interventora de este fondo, Lariza Fuentes, informó un presunto daño económico de 14,6 millones de dólares al Estado por 713 proyectos inconclusos y 30 proyectos "fantasmas" que no fueron ejecutados.
Desde la intervención comenzaron las investigaciones que se convirtieron en 80 procesos penales de los cuales resultaron 24 detenidos entre dirigentes del sector campesino e indígena, además de administrativos de la entidad estatal, de los cuales 15 fueron remitidos a la cárcel y nueve detención domiciliaria, en ambos casos de forma preventiva mientras dura su enjuiciamiento.
La corrupción en Bolivia llegó a diversos niveles e instituciones que en los últimos años se acentuó con mayor notoriedad en la policía, justicia y en el nivel político con el Fondo Indígena, que no obstante a la voluntad de poner filtros e instancias de fiscalización, se han constituido como la pesadilla y tema pendiente de la gestión de Evo Morales.
Ultimos estudios de encuestas nacionales y del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional aseguran que los bolivianos consideran a la policía, a los partidos políticos y al organo judicial como las instituciones más corruptas del país.
El caso de corrupción develado en el Fondo Indígena, según el politólogo Ludwing Valverde, creció como una bola de nieve y pone de manifiesto que este fenómeno delictivo no tiene límites, ideología, clase social, ni fronteras.
"El caso evidencia que dentro de la emblemática entidad para favorecer a indígenas y campesinos se desarrolló una cultura general permisiva que fomenta las prácticas corruptas", aseveró el analista.
La idea de un fondo indígena orientado a la producción nació como una demanda de las organizaciones indígenas de tierras bajas que luego fue asumida por el resto de las organizaciones.
Fue una conquista de las organizaciones indígenas Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Conamaq, que con una marcha y movilizaciones, logran arrancarle a un gobierno neoliberal esta reivindicación. El fondo fue creado mediante decreto supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005.
En Mayo de 2009 inicia sus actividades oficialmente, funcionando como una entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la ciudad de La Paz. Desde septiembre del 2010 debería haber comenzado con el financiamiento de proyectos.
De acuerdo al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el escándalo del Fondo, que fue diseñado, en principio, para apoyar las formas de gestión comunitarias, sostenidas por normas y procedimientos propios, terminó adulterado por intervención política del sector oficialista indígena campesino.
"Estas adulteraciones se deformaron al punto de encontrar en el Fondo Indígena el mecanismo indispensable de cooptación de la dirigencia por medio del enriquecimiento privado y personal", manifestó Cárdenas.
CAEN LIDERES INDIGENAS
Tras casi tres meses de terminada la intervención al Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), la investigación por irregularidades en esa repartición tomó fuerza cuando en los últimos cinco días se detuvieron a cinco mandos altos de la dirigencia indígena campesina aliada al oficialismo.
Las aprehensiones comenzaron el 1 de diciembre, luego de que un juez enviara a la cárcel a la exministra y dirigente de las mujeres indígenas, Julia Ramos, acusada de tener indicios de culpabilidad en irregularidades en 28 proyectos de desarrollo de cerca de 3 millones de dólares.
La Fiscalía también imputó al senador del partido de gobierno el MAS y dirigente campesino, Jorge Choque, por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento e incumplimiento de deberes.
El juez determinó la detención domiciliaria para este asambleísta, acusado de causar un daño económico de cerca de medio millón de dólares en tres proyectos no culminados.
El 2 de diciembre, el juez ordenó la privación de libertad del exdirigente campesino y disidente del partido de gobierno, Damián Condori, acusado de malversar 150 mil dólares en dos proyectos que representó en 2010.
El jueves pasado, el Ministerio Público aprehendió también a personas vinculadas al partido del gobierno, una senadora y dos dirigentes de organizaciones sociales. La primera detenida fue la asambleísta del MAS Felipa Merino, quien era representante legal de dos proyectos observados que causaron un daño económico al Estado.
El dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Remy Vera, afín al MAS, fue detenido por tener responsabilidad en un proyecto de "Implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad Buiscata del municipio de Ayata en el departamento de la Paz".
Además se dispuso la detención preventiva de la presidenta de la Cidob, Melva Hurtado, debido a que existiría responsabilidad en el mal manejo de recursos destinados a 13 proyectos. El dinero depositado a su cuenta bancaria personal para las obras llegó a 3 millones de dólares.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró ayer que el proceso por el Fondo Indígena no es político y que solo sigue su curso legal, de acuerdo con las investigaciones que realizan los miembros de la comisión.
