LA PAZ, 19 nov (Xinhua) -- Al menos 20 fiscales y más de medio centenar de funcionarios acusados de corrupción fueron destituidos en nueve meses en diferentes fiscalías de distrito de Bolivia, informó hoy el fiscal general Ramiro Guerrero.
"Nuestra acción en el Ministerio Público no es coyuntural, no responde a una determinada circunstancia, sino es parte de una política de transparencia institucional. Hemos procesado y metido a la cárcel a fiscales departamentales, fiscales de materia, y lo vamos a seguir haciendo", afirmó Guerrero durante una rueda de prensa en Sucre.
Las cesantías fueron como consecuencia de procesos realizados por la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General boliviana.
Desde que Guerrero asumió la conducción de la Fiscalía en 2012 han sido destituidos unos 80 fiscales y un número similar de funcionarios del Ministerio Público, como parte de una "política interna de transparencia y depuración de los malos servidores públicos" aplicada en su gestión.
El fiscal general resaltó que esa institución es la única que cuenta con una unidad de investigación que verifica la relación entre los ingresos de funcionarios estatales y sus patrimonios.
Lamentó que otras instituciones no acompañen las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Agregó que mantendrá la "política de cero tolerancia a la corrupción y de limpiar y depurar al Ministerio Público de malos servidores públicos que aún existen".
En marzo de este año fue intervenida la Fiscalía Departamental de La Paz (oeste), en donde fueron destituidos más de 25 servidores públicos, mientras que en la Fiscalía de Oruro fueron destituidos 12 funcionarios, entre fiscales, asistentes y auxiliares.
Por su parte el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, dijo que se hace un seguimiento "con lupa" sobre el accionar de los fiscales y jueces para evitar que cometan hechos de corrupción.
"Los jueces y fiscales están haciendo de la justicia un 'modus operandi' para bajar la tipificación de un delito a cambio de un soborno", afirmó Elío en referencia a los casos de corrupción que involucran a representantes del Ministerio Público y del poder Judicial.
La autoridad estatal informó de que a raíz de las múltiples denuncias se creó una comisión conformada por policías y civiles que tienen por misión de vigilar el trabajo de los jueces y fiscales.
Esto ha permitido, dijo Elío, desbaratar una" banda delincuencial" de funcionarios públicos que se dedicaban a extorsionar a los litigantes.
Cinco fiscales estaban involucrados en esta tramoya, razón por la cual fueron dados de baja.
