MONTEVIDEO, 27 oct (Xinhua) -- Descendientes de indígenas charrúas reclaman al Estado de Uruguay que les ceda 2.000 hectáreas de campo y el control de los cementerios de sus antepasados, informa hoy la prensa local.
El diario local "El País" citó al vocero del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), Martín Delgado Cultelli, quien aseguró que con estas reivindicaciones "se terminan todos los problemas entre el Estado uruguayo y los descendientes de los charrúas".
El activista indígena afirmó que los reclamos del Conacha "tienen el respaldo de la comunidad internacional" a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por el gobierno uruguay, aunque no fue ratificado.
De acuerdo con el convenio internacional, "los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido".
Los indigenistas reclaman tierras en los departamentos norteños de Salto y Tacuarembó, donde habitaban sus antepasados.
El respetado antropólogo Daniel Vidart ha cuestionado los reclamos de la Conacha y ha calificado la demanda de tierras como "viveza criolla".
Vidart criticó recientemente a la delegación charrúa en los Juegos Mundiales Indígenas que acogió Brasil, al afirmar que "no son charrúas", ya que son un grupo de gente que vive separada y "se reúne para ponerse plumas".
Según datos del Conacha, unas 70.000 personas declararon ser descendientes de indígenas en un país con un total de 3,4 millones de habitantes.
Delgado señaló que "hay que reconocer que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo charrúa" y "una forma de saldar la deuda histórica es devolviendo territorios sagrados".
"Los cementerios indígenas podrían ser un espacio de preservación del patrimonio ancestral. Allí podrían vivir familias charrúas que se podrían dedicar a cuidar esos lugares", remarcó el vocero indigenista.
Los charrúas fueron un conjunto de pueblos amerindios que habitaron los territorios del actual Uruguay y zonas cercanas de Argentina y Brasil.
Las organizaciones indigenistas también recuerdan la llamada "matanza de salsipuedes" a manos de fuerzas del gobierno en 1831, que marcó el inicio de un plan de exterminio para terminar con la comunidad charrúa.
