BRASILIA, 14 oct (Xinhua) -- El ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) negó que el gobierno haya incurrido en el llamado "pedaleo fiscal" (maniobras fiscales) para el pago de programas sociales como el Bolsa Familia, ni que haya operaciones por las que bancos públicos financian esos programas.
La cartera dijo que tiene "un contrato de servicios con la (estatal) Caixa Económica Federal, que administra la cuenta del Bolsa Famili".
"En los días en que la cuenta queda con saldo negativo el Gobierno federal remunera a la Caixa. Cuando el saldo es positivo, la Caixa remunera al Gobierno", subrayó el MDS.
La práctica, dice la nota, está prevista en la "cláusula del contrato que existe desde antes del Bolsa Família y que fue auditada por el Tribunal de Cuentas de la Unión".
El comunicado sale al cruce del emitido la semana pasada por el TCU -un órgano consultivo del Congreso- que recomendó rechazar las cuentas públicas de 2014, lo que está siendo utilizado por la oposición como argumento para promover un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
El TCU encontró irregularidades en la transferencia de fondos enviados por la Tesorería Nacional a los bancos públicos -Caixa Económica Federal y Banco do Brasil- para cubrir gastos con programas sociales del gobierno, seguro de desempleo y bonificaciones salariales.
Según el órgano, esa podría ser considerada una operación de crédito, ya que, en la práctica, los bancos públicos prestaban valores a la Unión, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
En la nota divulgada hoy, el MDS respondió afirmando que "si fuese una operación de crédito, sería cómo mínimo extraña".
"¿La Caixa prestaría el dinero y pagaría la remuneración? ¿El Gobierno se endeudaría y recibiría remuneración por la propia deuda?", cuestiona el comunicado.
El parecer del TCU provocó el temor de una crisis institucional, con ostentivos pedidos de la oposición para abrir de inmediato un juicio político contra Rousseff, que hasta el momento no prosperaron.
El gobierno y sus aliados subrayan que el organismo, cuyas decisiones no tienen efecto legal, había aprobado en varias ocasciones cuentas de otros gobierno que también atrasaron traspasos a los bancos públicos para el pago de diversos compromisos.
