BRASILIA, 13 oct (Xinhua) -- El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, con el apoyo de otras seis fuerzas políticas, presentó hoy ante la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados un pedido de revocación del mandato del presidente de ese cuerpo legislativo, Eduardo Cunha.
La presentación denuncia a Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), por quiebra del decoro parlamentario, debido a una supuesta omisión de patrimonio y a las denuncias de la Fiscalía General de la República, que apuntan su participación en un esquema de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
El recurso cuenta con el apoyo de un total de 45 diputados de siete partidos, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La semana pasada la Fiscalía General recibió documentos de la justicia de Suiza que confirmaron la existencia de cuentas secretas bancarias de Cunha en ese país, las cuales al parecer se utilizaron para remitir recursos desviados de Petrobras.
De acuerdo con las denuncias, el líder de los diputados mantuvo cerca de cinco millones de dólares no declarados en esas cuentas, situación que negó ante legisladores en marzo pasado.
Este fin de semana, partidos de oposición pidieron que el presidente de la Cámara de Dipuatdos se aleje del cargo mientras duren las investigaciones.
Las denuncias contra Eduardo Cunha profundizaron la incertidumbre política en Brasil, en medio de las tentativas de para iniciar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
A pesar de militar en las filas del PMDB, el principal aliado del PT en la coalición de gobierno, Cunha se declaró opositor hace dos meses.
Este martes el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó la suspensión de una maniobra reglamentaria promovida por Cunha, con el fin de facilitar el proceso de juicio político contra Rousseff.
En respuesta a una cuestión planteada por los opositores Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y Demócratas (DEM), Cunha dijo que si un pedido de juicio político era rechazado por él mismo, los solicitantes podrían apelar al plenario de la cámara baja, donde es suficiente una mayoría simple para adoptar la solicitud.
El STF estableció que, o bien el presidente de la Cámara de Diputados acepta el pedido de juicio político, instala una Comisión Especial y luego lo pone a votación en el plenario, o bien lo rechaza y archiva.
Con la decisión de la corte, las posibilidades de que el juicio político sea impuesto se reducen, y aque en el trámite previsto por ley, la oposición necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 342 votos de un total de 513 legisladores.
