Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 12 oct (Xinhua) -- El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet trabaja a toda marcha para iniciar un proceso "democrático, participativo e institucional" para redactar una nueva Constitución para Chile.
La nueva Carta sustituirá a la actual que fue proclamada por el régimen militar en 1980, siendo elaborada por un grupo de abogados y aprobada en un plebiscito que se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre la consulta a la ciudadanía.
Bachelet, en su programa de gobierno, incluyó directrices para el procedimiento para la nueva Constitución, proponiendo que se alcance el equilibrio entre la participación ciudadana y, al mismo tiempo, que exista un espacio institucional donde el parlamento tenga participación en el texto.
Lo anterior podría lograrse, por ejemplo, a través de la participación de la ciudadanía en cabildos en niveles municipales y provinciales, incluso regionales, que tengan o no un carácter vinculante.
También existe la posibilidad de audiencias públicas, en el caso que la etapa siguiente se concluya el Congreso Nacional, donde el texto acordado sería ratificado, y luego podría ser puesto a disposición de la ciudadanía para que lo apruebe en un plebiscito ratificatorio.
Esas fórmulas están siendo estudiadas por el gobierno, y se espera que pronto haya un anuncio oficial sobre este esperado proceso.
"Honraré el compromiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron como su presidenta. Los invito a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, a que sean parte de esta reforma, en este momento de oportunidad histórica", ha dicho la mandataria.
Se estima que esta semana, cuando se cumplen 35 años desde el decreto que promulgó el texto de la Constitución de 1980, Bachelet anuncie los detalles para avanzar en el debate de la nueva Constitución, donde el tema más controversial son los mecanismos por los cuales se pretende abordar el cambio constitucional.
El gobierno ha realizado una amplia ronda de reuniones con la totalidad de los partidos, cada uno de los cuales ha entregado su propia propuesta, y que culminó el jueves 8 con la opositora de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) que presentó un documento titulado "Chile no necesita una nueva Constitución".
En la coalición oficialista, la Nueva Mayoría, también se han generado discrepancias sobre el procedimiento o camino para obtener una nueva Constitución y aún no hay acuerdo, a pesar de haber coincidencias entre las propuestas, lo cual deberá resolver la mandataria.
Aún no se logra un consenso entre el ministro del Interior, Jorge Burgos, de la Democracia Cristiana, quien se opone a una asamblea constituyente, y el ministro y vocero Marcelo Díaz, quien defiende ese mecanismo para generar la nueva Carta Fundamental.
No se descarta que se proponga una reforma a la Constitución que incluiría un nuevo capítulo que regule la convocatoria de la Asamblea Constituyente y un Plebiscito Ratificatorio.
El gobierno prevé el desarrollo de una campaña de educación cívica y celebración de "los cabildos ciudadanos" con los que se espera abrir la discusión sobre el tema constitucional, para lo cual ha venido consultando a numerosos abogados y expertos constitucionalistas.
Igualmente, busca introducir una regulación paralela al capítulo 15 de la Constitución, que es el que define los quórums y procedimientos para las reformas a las distintas disposiciones del mismo texto.
Asimismo, el debate actual incluyó no sólo una regulación de los plazos y requisitos para reemplazar la actual Constitución, sino también al menos tres alternativas para su elaboración, entre ellas, la celebración de una asamblea constituyente.
Hay que recordar que el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en el 2005, logró modificaciones a la Constitución, como que dejara de llevar la firma del general Augusto Pinochet, y otras 58 reformas, que eliminaron enclaves impuestos por el régimen militar (1973-1990).
Entre ellos, se puso fin a los senadores vitalicios y designados; la disminución del mandato del presidente de la República de seis a cuatro años; y el aumento de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.
En cuanto a las fuerzas armadas y de orden, se les eliminó su rol de "garantes" de la institucionalidad y se terminó la inamovilidad de los Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que podrán ser removidos por el presidente de la República.
También que el Consejo de Seguridad Nacional tuviera un rol meramente asesor de la Presidencia, y no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Durante las próximas semanas, tras los anuncios de Bachelet sobre el proceso constitucionalista, Chile vivirá un momento histórico, donde se eliminaría todo el "legado autoritario" que dejó como herencia el régimen militar de Augusto Pinochet.
