MEXICO, 25 sep (Xinhua) -- El estatus jurídico de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Guerrero, es de "desaparecidos" y así se mantendrá hasta que se confirme su paradero, a partir de una investigación que sigue abierta, aseguró hoy Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Fiscalía mexicana.
Se trata de un caso que "aún no está cerrado", y mientras no aparezcan las personas así se mantendrá, aseveró el funcionario en un encuentro con la prensa extranjera.
El sábado se cumplirá un año de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 del año en la ciudad mexicana de Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron luego de que un grupo de policías dispararon a los autobuses en los que viajaban.
El ex titular de la fiscalía mexicana, Jesús Murrillo Karam, aseguró en noviembre pasado que como parte de las primeras líneas de investigación, los policías municipales entregaron a los estudiantes al Cártel Guerreros Unidos, quien supuestamente los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.
Betanzos aclaró hoy que si bien es cierto que dicha organización criminal tuvo que ver con el caso, aún no se confirma en un cien por ciento que los restos humanos encontrados en ese basurero, correspondan a los 43 estudiantes.
"Es una investigación abierta que tiene una línea de investigación en la que hay actores que declaran haber participado en la incineración de cuerpos en un punto (...) a partir de ello, se toman algunas consideraciones que servirán para continuar sobre las mismas", explicó.
Acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (Interior), Roberto Campa, informó que el experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el peruano José Torero, se incorporará al equipo de la Fiscalía mexicana que investiga el caso de Iguala.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se reunió ayer con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes les informó que ordenó investigar todos los vestigios, ya que las investigaciones llegarán "hasta sus últimas consecuencias".
También, les dio a conocer la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada.
"Se ha avanzado en el proceso puntual de qué fue lo que sucedió en casos específicos pero seguramente en breve, y después de discutirlo y aprobado por los familiares, podrá irse dando a conocer otros avances. Hay un proceso de búsqueda de personas con vidas y también de personas muertas", dijo Campa quien a su juicio el encuentro de ayer fue "francamente positivo".
Los familiares de los estudiantes sostienen que no hay suficientes pruebas para determinar que sus hijos han muerto. Incluso creen que sus hijos podrían estar secuestrados por el Ejército, una versión que el Gobierno ha desechado por completo.
"No hay participación y mucho menos responsabilidad -del Ejército-", reiteró Campa respaldado por la explicación dada a conocer por los propios expertos dentro de la investigación. Fin
