Por Omar Mendoza
SANTIAGO, 29 ago (Xinhua) -– A 25 años del fin del régimen militar de Augusto Pinochet siguen abiertas las heridas dejadas durante su gobierno (1973-1990), tal como lo muestra el debate sobre el cierre de una prisión donde cumplen condenas 102 ex militares.
Las organizaciones de familiares de las víctimas de crímenes, desapariciones y torturas durante los 17 años del régimen militar y otras personas exigen que el gobierno elimine el penal de Punta Peuco, donde los reclusos viven con comodidades similares a las de un hotel, sin el rigor de una cárcel.
Siempre hubo exigencia para que los militares represores cumplieran sus penas en una cárcel normal, pero las declaraciones de Carmen Gloria Quintana, víctima del caso "Quemados", hicieron resurgir el debate.
"Yo estuve conversando con la presidenta (Michelle) Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre" de este año, indicó Quintana.
Sin embargo el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, explicó que "esa es una materia de evaluación permanente del gobierno, pero en este tipo de cosas es la presidenta la que toma la decisión", con base en los distintos análisis técnicos.
Según la Gendarmería, en caso del cierre del recinto penitenciario se debe estudiar la situación de cada reo y determinar qué recinto cumple con las medidas de seguridad para albergarlos. La idea no es mezclarlos con los presos comunes.
Para numerosos penalistas, la cárcel Punta Peuco es una muestra de la desigualdad en que opera el sistema penal en Chile, debido a que los militares condenados por hechos criminales gozan allí de privilegios.
El diputado oficialista Daniel Farcas subrayó la necesidad de terminar con el penal, a través de un documento enviado a Bachelet:
"Si Piñera, que es de derecha, fue capaz de cerrar un penal vinculado con las violaciones a los derechos humanos, es lógico pedirle a nuestra presidenta que cierre este penal a la brevedad posible", añadió.
Farcas se refurió al cierre del Penal Cordillera de Santiago, en agosto de 2013, donde los condenados recibían a sus familias a cualquier hora y tenían las máximas comodidades.
Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutierrez ingresó a la cámara baja un proyecto de acuerdo, firmado por otros 21 parlamentarios del oficialismo, en el que se le pide a la presidenta Bachelet cerrar el penal de Punta Peuco.
La propuesta del cierre de Punta Peuco cobró fuerza con la muerte del general Manuel "Mamo" Contreras, quien fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), considerado el principal autor de miles de muertos, desaparecidos y torturados, quien cumplía allí penas por más de 500 años.
Por eso, la degradación de los militares que cumplen condenas y el término a los beneficios carcelarios que ellos reciben, así como la solicitud del cierre de Punta Peuco, forman parte de la agenda política.
La presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende, anunció que presentará una propuesta legislativa para degradar a todos los militares condenados por la represión, lo cual incluye la degradación póstuma de aquellos que ya fallecieron.
"No va a haber una reconciliación en mucho tiempo, mientras siga persistiendo la falta de verdad" sobre la muerte, desaparición y tortura de miles de chilenos, indicó la senadora.
Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende en 1973, presentó un proyecto de ley para degradar a los militares condenados, lo cual no es una idea nueva, ya que en 2010, 2013 y 2014 se presentaron propuestas en esa línea, pero ahora incluye un efecto retroactivo en su alcance.
El diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, sostuvo que la colectividad está a favor del cierre de Punta Peuco, al afirmar que se debe permitir que los tribunales de justicia puedan usar las declaraciones de ex presos políticos y avanzar en las causas pendientes en tribunales.
"Si queremos reconciliación y queremos seguir viviendo como un país unido, necesitamos limpiar las heridas. Y los que tienen este momento el poder para hacerlo son nuestras autoridades", dijo Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, cuya muerte se adjudica al régimen militar en 1973.
El abogado Eduardo Contreras y ex embajador en Uruguay, afirmó que "no puede seguir existiendo Punta Peuco", al explicar que en las últimas semanas se multiplicaron las voces que solicitan el cierre, a semejanza de lo resuelto por el ex presidente Piñera respecto del penal Cordillera, de Santiago.
"Todo Chile sabe las condiciones de Punta Peuco, las fiestas que allí se han organizado. El propio "Mamo" Contreras celebró su matrimonio allí. Esa es una burla para las familias de las víctimas y, por tanto, se va en el camino correcto cuando se ha considerado la posibilidad real de cerrar Punta Peuco", añadió Contreras.
"Tiene que llevarse dignidad a este proceso. Me refiero a que tiene que terminarse toda prisión de lujo", sostuvo el abogado al plantear también la posibilidad de trasladar a reos comunes a Punta Peuco, en caso de que no se cierre ese penal.
