"Desde el primer día, desde que se decretó el cierre de la frontera, tomamos las medidas necesarias para apoyar y proteger a nuestros compatriotas, las cuales no voy a repetir ahora en detalle, aunque hicimos en el Consejo de Ministros un inventario de lo que se viene haciendo, de lo que falta por hacer y la organización que está al frente de ese proceso", aseveró.
En la víspera, Santos ordenó llamar a consultas al embajador de Colombia en Venezuela y convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur para informar sobre la crisis humanitaria en la frontera con el vecino país.
El jefe de Estado informó que tomó esta decisión ante la negativa del gobierno venezolano de permitir el ingreso del Defensor colombiano del Pueblo a Venezuela para verificar la situación en la que un millar de colombianos fueron deportados en los últimos días.
El mandatario, quien el pasado miércoles visitó a cientos de deportados en la frontera, reiteró que desde que su homólogo Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera, su gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar para solucionar las diferencias.
Las Naciones Unidas señaló en un informe que desde el 22 de agosto han sido deportados 1.088 colombianos por el departamento de Norte de Santander, de los cuales 244 son menores de edad.
