SANTIAGO, 28 ago (Xinhua) -- La Reforma Laboral, que impulsa el gobierno de Chile, abre la posibilidad de debatir sobre cómo establecer un modelo de relaciones laborales modernas en el país y cuál es el papel de los sindicatos.
El 29 de diciembre de 2014, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el parlamento el proyecto de ley de de Reforma Laboral, que busca realizar modificaciones significativas a la actual regulación.
Según la mandataria, el año pasado en Chile hubo 40.000 trabajadores involucrados en huelgas legales y más de 400.000 en manifestaciones ilegales. "Eso no es sostenible en el tiempo", subrayó.
Por sus propuestas de modificaciones, ésta es la reforma laboral más importante que se ha presentado en décadas años en el país sudamericano.
Actualmente, el 42% de los trabajadores laboran en micro y pequeñas empresas, con pocas posibilidades de organizarse.
En las grandes, aunque existen más probabilidades, hay prácticas anti sindicales sutiles y sistemáticas como la cooptación de dirigentes, los beneficios selectivos o la persecución.
Como resultado, en el país hay más de 7 millones de trabajadores, pero sólo 1 millón se encuentra organizado en sindicatos, una de las tasas más baja en América Latina.
Por eso, existe gran desigualdad, donde el 50% de los trabajadores gana menos de 260 mil pesos (menos de 400 dólares) y el 1% de los chilenos concentra el 30,5% de la riqueza producida.
En Chile, los derechos sociales básicamente están privatizados, lo que hace que los bajos salarios se relacionen con desigualdades en la educación, salud, vivienda y previsión social, entre otros.
En los últimos 35 años, no se había discutido profundamente sobre el orden del trabajo instaurado por el régimen militar de Augusto Pinochet mediante su Plan Laboral.
Tras el regreso de la democracia, las leyes laborales durante el fin de siglo y principios del nuevo milenio fueron parciales y centradas en el derecho individual.
El fin de la Reforma Laboral es cambiar el Código del Trabajo, a fin de lograr un mayor equilibrio frente al empresariado, respeto a la libertad sindical, y cumplir con los convenios internacionales, ratificados por Chile, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Varios estudios indican que el modelo laboral chileno establece organizaciones sindicales enclaustradas en las empresas, que compiten entre sí y solamente pueden negociar salarios de forma limitada y alejados de la política.
La ideología detrás del Plan Laboral de Pinochet sigue vigente en la posición de empresarios y políticos de la derecha chilena, quienes se oponen resueltamente a la mayoría de los contenidos de la Reforma Laboral, indicando que favorece sólo a los sindicatos.
Si en el parlamento se aprueban la titularidad sindical, prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga o el cambio en la extensión de beneficios ayudarían a los trabajadores sindicalizados.
Para los empresarios, en Chile no hay una baja tasa de sindicalización sino "una sindicalización que los trabajadores desean" y, bajo esa creencia, los empresarios intentan mantener su predominio sobre los sindicalizados.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal del país, denunció los contenidos del proyecto de la Reforma que tendían a criminalizar la acción sindical y que habían sido incluidos para favorecer al empresariado.
También ha demandado un cambio profundo en el sistema de negociación colectiva, lo cual es apoyado por un amplio espectro de organizaciones de los trabajadores.
Igualmente, los sindicatos exigen una negociación ramal, al darse cuenta que es la única forma de conseguir mejoras para los trabajadores. Los portuarios, por ejemplo, estuvieron reclamando por una media hora de almuerzo, la cual les fue arrebatada por los empresarios en 2005.
Por otro lado, los trabajadores a "honorarios del Estado" (sin contrato permanente) buscan mayor estabilidad y, como ocurre con los subcontratados de la minería, ven limitados sus derechos, y todos buscan más justicia laboral.
Esas aspiraciones han sido resistidas por los empresarios, quienes evidentemente no quieren perder poder en la empresa, ni en la sociedad, y temen que los sindicatos fuertes se conviertan en una amenaza para la concentración de sus riquezas.
Por su parte, en el parlamento, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet intenta conciliar elementos de ambas posturas, pero, según los expertos, es muy complejo cambiar el actual desequilibrio en las relaciones laborales.
Por un lado, reivindica la acción de los sindicatos, debido a sus efectos sobre la distribución de los ingresos y el fortalecimiento de la democracia, pero no apoya la negociación colectiva por cada rama económica, señalando que el programa de gobierno no puede ser sobrepasado.
Por todo ello, al proyecto de Reforma Laboral aún no se le augura un feliz final para los sindicatos, mientras el gobierno intenta lograr un mayor equilibrio para favorecer a millones de trabajadores chilenos.
