NACIONES UNIDAS, 20 ago (Xinhua) -- La más alta funcionaria de Naciones Unidas en República Centroafricana indicó hoy que en el último año se han registrado 13 presuntos casos de abuso sexual, en los que la víctima más joven sólo tenía 11 años de edad.
Diane Corner, representante especial adjunta del secretario general de la ONU para República Centroafricana y directora provisional de la Misión Multidimensional de Estabilización Integrada de Naciones Unidas en República Centroafricana (Minusca, por sus siglas en inglés), hizo la declaración en una teleconferencia con reporteros en la sede de la ONU.
"Hemos registrado 13 casos de abuso sexual que involucran presuntamente a personal uniformado de Minusca desde el 15 de septiembre de 2014", dijo la representante. "De estos casos, nueve incluyeron presuntos ataques contra menores".
La víctima más joven tenía 11 años, indicó Corner, quien añadió que no ha habido "condenas hasta ahora".
"No puedo compartir todos los detalles sobre los casos, principalmente para proteger las identidades de las víctimas", añadió Corner.
"El agudo incremento en los casos en los últimos tres meses es preocupante", dijo Corner.
"Algunos de los casos fueron reportados a la misión por periodistas locales, organizaciones no gubernamentales locales y en algunos casos por las familias involucradas", señaló Corner. "Esto demuestra un cierto nivel de confianza por parte de la población".
"Estamos tratando de hacer todo lo posible para construir un nivel de confianza por parte de los centroafricanos a través de rendir cuentas de nuestras acciones", dijo Corner, quien fue nombrada jefa provisional de la misión luego de la dimisión de Babacar Gaye, representante especial del secretario general en República Centroafricana.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que solicitó la dimisión el 12 de agosto luego de la más reciente oleada de acusaciones de casos de abuso sexual.
"Nuestra respuesta a estos informes ha sido establecer rápidamente si las acusaciones son creíbles y luego el bienestar de las víctimas", indicó Corner. "A través de nuestros socios brindamos atención médica y psicosocial y en paralelo informamos a Nueva York dado que tenemos que implementar la vía paralela para castigar a los responsables".
"En los casos que involucran a nuestras tropas es responsabilidad de los países aportadores de tropas investigar" y castigar a los culpables, añadió Corner. "Dicho esto, a nivel de la misión tenemos que actuar rápidamente para conservar la evidencia que brinde las bases para condenar y castigar a los responsables".
No sólo es responsabilidad del país involucrado investigar, sino también presentar cargos y castigar a los culpables. Pero la misión de la ONU no identifica a los países aportadores de tropas involucrados. También es posible que los presuntos abusadores puedan ser repatriados y no sean castigados.
Sin embargo, a veces es posible determinar el país al que pertenecían las tropas que estaban operando en un lugar particular cuuando existe una acusación de abuso sexual.
Corner dijo que se espera que los países aportadores de tropas investiguen las acusaciones de abuso sexual y respondan en un plazo de 10 días a la misión, a pesar de las circunstancias "difíciles y en ocasiones peligrosas". Si no responden, entonces Minusca investigará, añadió.
"Es perjudicial para Naciones Unidas si (los casos) no son investigados de inmediato", dijo Corner, quien añadió que "también dedicamos esfuerzos significativos en términos de evitar casos de abuso sexual".
La Minusca está autorizada a través de la resolución 2149 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU con 10.000 elementos militares de más de 40 países y 2.120 oficiales de policía de alrededor de 20 países, además de 462 trabajadores civiles internacionales y 219 civiles locales.
La resolución de autorización da a la organización mundial el mandato de asumir de la misión de Unión Africana y de los franceses el papel de intentar estabilizar el país asolado por la violencia sectaria, principalmente entre rebeldes seleka musulmanes y milicias cristianas antibalaka.
Desde que inició la violencia en 2013, más de 6.000 personas han muerto y más de una cuarta parte de la población de cerca de 4,5 millones de habitantes ha sido desplazada.
