RIO DE JANEIRO, 19 ago (Xinhua) -- La constructora brasileña Camargo Correa, una de las principales del país, admitió hoy haber formado parte de una red de corrupción que se repartió de manera fraudulenta contratos de la petrolera estatal Petrobras.
La firma aceptó en un comunicado haber participado en acciones irregulares de Petróleo Brasileño Sociedad Anómina (Petrobras) al "inflar" el precio de obras para repartirse con ex directivos la diferencia.
Camargo Correa llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Brasil para admitir su responsabilidad de formar parte del grupo que desvió millones de dólares de la compañía más importante del país sudamericano.
La firma se comprometió a colaborar con las investigaciones policiales y a pagar una multa de 104 millones de reales (casi 30 millones de dólares), la mayor impuesta por el órgano antimonopolio contra compañías faudulentas en Brasil.
La constructora señaló en su comunicado que colaborará con las investigaciones y presentará documentos que pueden incriminar a otras empresas, además de informar a autoridades sobre el funcionamiento de la red de corrupción.
Se trata de la tercera empresa en llegar a un acuerdo con las autoridades judicial al aceptar su responsabilidad en el desvío de recursos, a cambio de una reducción en las sanciones por violación a las leyes de libre competencia.
Las otras compañías que suscribieron acuerdos fueron Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas en marzo pasado, que reconocieron formar parte de una red de 23 empresas que se repartieron contratos de la estatal a cambio de pagos irregulares o sobornos.
Representantes de las empresas involucradas han señalado que la red estaba integrada por las principales constructoras en la nación como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC Engenharia.
La investigación del caso conocida como Operación Lava Jato, ha descubierto el desvío ilegal en Petrobras de unos 2.000 millones de dólares en la última década.
De acuerdo con declaraciones de ex directivos de la petrolera, distintas empresas modificaban los contratos para "inflar" el costo de obras y repartirse la diferencia con ex directores, políticos, funcionarios y empresarios al tanto de las maniobras.
