Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 15 ago (Xinhua) -- El gobierno de Bolivia adoptó medidas preventivas y coercitivas para proteger a los usuarios y consumidores de productos y servicios, en apego a la aplicación del Reglamento a la Ley General de Derechos de Usuarios y Consumidores.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Dante Justiniano, en entrevista con Xinhua, explicó que su despacho ya cuenta con la normativa reglamentaria que le da la potestad de asumir acciones coercitivas para lograr la atención del reclamo, la reparación y devolución de lo pagado al ciudadano de un bien o servicio, sea público o privado.
"Estamos en etapa de socialización para que todo ciudadano puede recurrir a esa autoridad cuando considere la vulneración de algún derecho por parte de algún proveedor y el Viceministerio tiene la facultad de sancionar económicamente o aplicar medidas precautorias", explicó Justiniano.
Según la explicación de la autoridad, se procede al decomiso temporal del producto o suspensión del servicio, prohibición temporal de la producción, distribución, comercialización o suministro del producto o servicio, además del retiro temporal del producto, retiro temporal de publicidad, otorgación de garantías que aseguren el cumplimiento de la restauración.
Además de aplicar esas medidas precautorias, el Viceministerio de Defensa del Consumidor puede imponer formas de restauración que están establecidos en el artículo 62 de la ley, señaló.
REGLAMENTACIONES
El viceministro explicó que se han elaborado varios reglamentos y algunos están en conclusión para precisar las obligaciones y sanciones en los sectores de supermercados, ofertas por internet, parqueos, contratos de adhesión, servicios eléctricos y electrónicos, servicios de carpintería, entre otros.
Según Justiniano, estos reglamentos para diferentes sectores tienen que ser implementados este año, pues existe un avance considerable que es básicamente el reconocimiento y certificación a la atención en el marco de la inocuidad, calidad y seguridad para proveedores de productos y servicios.
Precisó sin embargo que las reglamentaciones sectoriales para una plena ejecución de la Ley 453, comenzó recién en octubre de 2014, luego de que se aprobó por decreto la reglamentación matriz de la Ley de Defensa del usuario y Consumidor.
Ciudadanos consultados por Xinhua admitieron sin embargo que no tienen conocimiento de sus alcances para beneficiarse de esa normativa.
Joaquín Gironda, de 35 años de edad, dijo que alguna vez escuchó en algún medio de comunicación que existe una normativa que defiende a los consumidores y usuario, pero que no le dio importancia.
"Tengo una amarga experiencia cuando compré un televisor pantalla plana de la Eloy Salón (centro comercial de electrodomésticos), antes de la venta funcionó bien, pero cuando llegué a mi casa no quiso encender, cuando fui a la tienda el vendedor no que quiso responder, además ni garantía tenía".
"Después de tanto discutir, incluso llevé policías, al final tuve que perder al menos 60 dólares, pues dijo que eso iba a costar el arreglo", comentó.
Por su parte el comerciante de computadoras Nelson Mamani (49) comentó que en los últimos años se ha complicado el negocio de venta de estos productos, ya que ingresan de contrabando a precios bajos.
Estos equipos usados generan obligaciones impositivas, permisos de la alcaldía, pago de seguridad privada para el comercio y leyes que defienden al consumidor y no al vendedor, indicó.
"Tenemos problemas con los clientes cuando se les recomienda que deben tener cuidad de algunos equipos que garantizamos, pero nos traen equipos maltratados", porque lo dejeron caer comida o líquidos y eso no se puede cubrir como falla, agregó.
MEDIDAS Y EFECTOS
Los resultados a 11 meses de la aplicación del Reglamento a la Ley 453 comienzan a evidenciarse como consecuencia de sanciones coercitivas y conciliaciones.
El viceministro Justiniano precisó que en los primeros seis meses del año se registraron 800 reclamaciones en los seis centros de atención al usuario y consumidor a nivel nacional.
De todas estas denuncias, el 90 por ciento se resolvieron en la vía de la conciliación, lo cual implicó la restitución del producto y devolución del dinero, entre otros elementos.
El restante 10 por ciento fueron denuncias correspondientes al sector regulado, como hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, transportes y seguros, las cuales causaron sanciones a varias empresas.
Justiniano informó que se ejecutan sanciones administrativas con montos de 2.000, 3.000 y hasta 10.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV, unidad de cuenta reajustada según la inflación, que en este caso va de 500 a 5.000 dólares) según la gravedad de la vulneración de los derechos del consumidor.
Agregó que se reglamentaron las medidas precautorias, cierre temporal del negocio, levantamiento de la publicidad engañosa o abusiva para prevenir que los ciudadanos caigan en este tipo de situaciones.
También se ejecuta la medida de restauración del derecho vulnerado, lo cual implica la devolución del dinero, cambio del producto o que se vuelva a prestar el servicio sihn costo alguno.
El viceministro manifestó que la última instancia es la remisión al Ministerio Público.
