CARACAS, 5 ago (Xinhua) -- El gobierno venezolano, a través de su cancillería, condenó este miércoles las "expresiones injerencistas" de Mark Toner, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien pidió a las autoridades de Caracas reconsiderar las medidas administrativas que impiden a varios dirigentes opositores postularse a las elecciones parlamentarias de diciembre próximo.
Mediante un comunicado de prensa difundido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, el Ejecutivo de esta nación suramericana rechazó tales declaraciones por considerar que constituyen una intromisión en los asuntos constitucionales internos del país.
"Venezuela insiste en que los actos de los poderes públicos se rigen, de manera irrestricta y sin excepción alguna, por la Constitución venezolana y sus leyes. Por tanto, tan delicadas funciones no pueden responder a mandato, directriz o instrucciones foráneas, lo cual vulneraría los principios de soberanía, integridad y autodeterminación de los Estados", precisa el texto.
Asimismo, el documento oficial reiteró el llamado al gobierno estadounidense a "abandonar las prácticas injerencistas" y propender al mantenimiento de un clima apegado al derecho internacional y sus principios, como condiciones "indispensables" para construir nexos de respeto entre ambos países.
"En tal sentido, ratificamos nuestra disposición a seguir cultivando conversaciones dirigidas a la regularización de las relaciones diplomáticas bilaterales, en el marco de la normativa internacional que rige las buenas relaciones entre los Estados", precisó el comunicado.
El pasado lunes, en el inicio del proceso de inscripciones de las candidaturas a diputados de cara a los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre, la alianza derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intentó sin éxito inscribir ante el Consejo Nacional Electoral a cinco políticos de oposición.
María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Raúl Baduel y Alexander Tirado, son los dirigentes inhabilitados hasta el momento por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos durante un año, por incurrir en irregularidades administrativas que contravienen las normas establecidas por la Constitución de este país.
En su mayoría, estos líderes de la derecha venezolana destacan por sus posturas radicales contra la gestión del presidente Nicolás Maduro, y en reiteradas oportunidades voceros gubernamentales han denunciado la participación de los mismos en acciones violentas desestabilizadoras e intentos de golpe de Estado.
