GUATEMALA, 30 jul (Xinhua) -- El magistrado presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Rafael Rojas, dijo hoy en conferencia de prensa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió levantar el derecho de antejuicio de la jueza Carol Patricia Flores.
Esto ocurrió tras la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), quienes sostienen que la jueza no incluyó dentro de su declaración una ostentosa propiedad que posee en un exclusivo sector de la capital guatemalteca, pese a ser su lugar de residencia.
La jueza ahora podrá ser investigada por los delitos enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y lavado de activos, luego de determinarse que posee propiedades que no van acorde a su salario como juzgadora.
Flores intentó incluir la propiedad después se que se conocieran algunos detalles sobre la investigación preliminar que pesa sobre ella.
Las autoridades judiciales intentan determinar el origen de otras propiedades, que no van acorde a los ingresos mensuales de entre 2 mil y 3 mil dólares que devenga un juez en Guatemala.
Desde febrero también se investiga al juez Erick Santiago de León, luego de encontrar evidencias que sugieren que recibió un soborno por unos 1.2 millones de dólares, para rebajar a una empresa la multa por infracción tributaria de 12 millones a 389 mil dólares.
Rojas también anunció que se aceptó para su trámite la solicitud de levantar la inmunidad judicial a 3 diputados del principal partido de oposición, por lo que será un juez específico quien estudiará el expediente y determinará si se les retira el antejuicio.
La Cicig y el MP presentaron en junio último la solicitud para retirar la inmunidad a los diputados del partido Libertad Democrática Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanez.
Ellos enfrentan acusaciones de delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros.
Los tres diputados sostuvieron reuniones por separado con el Ministro de Desarrollo, Leonel Rodríguez, donde le pidieron proyectos para determinadas regiones y plazas laborales, con el objetivo de obtener beneficios personales.
El ministro grabó las conversaciones y presentó la denuncia contra los congresistas.
