Por María Alejandra Carrasquilla
PANAMÁ, 9 nov (Xinhua) -- Panamá restituyó este lunes a sus familiares los restos óseos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989, cuya identidad fue confirmada científicamente después de más de 36 años de incertidumbre familiar.
La Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) entregó los restos durante una ceremonia celebrada en el Cementerio Jardín de Paz, en la capital panameña, en un acto que también puso de relieve las demandas de memoria histórica, reparación y reconocimiento de las víctimas de la invasión.
Aparicio Oliva tenía 21 años cuando desapareció durante la intervención militar estadounidense. Sus restos fueron recuperados en 2020 en el mismo cementerio, durante las primeras exhumaciones del proceso de búsqueda encabezado por el Ministerio Público, con el apoyo científico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá.
En declaraciones a Xinhua, Jessica Aparicio Oliva, hermana menor de la víctima, expresó que la restitución representa el fin de una prolongada incertidumbre para su familia, aunque también revive el dolor de aquellos acontecimientos.
"Hay tranquilidad, no digo felicidad, pero sí hay paz en saber que mi hermano Roberto Adolfo Aparicio Oliva fue un héroe y que al fin se va a poder cerrar el ciclo de incertidumbre al saber que encontraron sus restos", señaló.
Para Jessica, la restitución también debe convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender la patria, el país y las propias convicciones, especialmente en lo relacionado con la soberanía nacional.
"Hay que defender la patria, hay que defender al país y luchar por nuestras convicciones. No se trata de defender a una persona, sino defender hasta lo último la soberanía de nuestro país", enfatizó.
La hermana de la víctima pidió que el 20 de diciembre de 1989 permanezca en la memoria colectiva de los panameños y que las personas fallecidas durante aquellos acontecimientos sean recordadas por las nuevas generaciones.
"Que nunca olviden esta trágica fecha, que no olviden que los que fallecieron durante esos días fueron unos héroes y esperemos que más nunca tengamos que vivir una invasión por parte de ninguna fuerza militar extranjera", agregó.
También hizo un llamado a las autoridades panameñas para que garanticen a la Comisión 20 de Diciembre de 1989 el tiempo y los recursos económicos necesarios para continuar las investigaciones e identificar a las víctimas cuyos restos todavía no han sido reconocidos.
"Hay que seguir insistiendo hasta lo último, hasta que todos los familiares logren esa paz y esa tranquilidad interna que tenemos ahora los familiares de mi hermano", concluyó.
Por su parte, José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, destacó que la restitución de los restos constituye una de las medidas de reparación más importantes para los familiares de las víctimas.
Sobre la responsabilidad histórica de Estados Unidos por las consecuencias de la invasión, Sosa afirmó que esta es "ineludible".
Recordó que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el caso Salas, en el que recomendó establecer los mecanismos pertinentes para realizar las reparaciones correspondientes.
Asimismo, indicó que la Comisión 20 de Diciembre de 1989 recomendó en 2024 al Estado panameño establecer una mesa de diálogo con Estados Unidos para abordar este asunto.
El proceso de búsqueda e identificación de las víctimas registra avances.
Según un informe de la Comisión 20 de Diciembre de 1989 enviado a Xinhua, hasta septiembre de 2026 se habían exhumado 71 sepulturas en los cementerios Jardín de Paz y Monte Esperanza, mientras que 203 muestras de referencia aportadas por familiares habían sido incorporadas a la base de datos para los cotejos genéticos.
El documento señala además que 51 conjuntos de restos permanecían en análisis multidisciplinarios y genéticos, junto con siete casos de restos carbonizados o calcinados.
El Registro de Víctimas contabilizaba 444 nombres, de los cuales 239 correspondían a víctimas confirmadas y 205 a casos que permanecían en investigación.
Al concluir la ceremonia, la Procuraduría General de la Nación señaló que la entrega de los restos "reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley".
