LISBOA, 12 oct (Xinhua) -- La Oficina del Fiscal Público de Portugal abrió hoy lunes una investigación sobre la legalidad del uso de la Base Aérea de Lajes por parte de Estados Unidos en las Azores, luego de una denuncia presentada por el partido Bloque de Izquierda.
La denuncia pide investigar si Estados Unidos ha cumplido con las leyes portuguesas en el uso de la base militar, y argumentó que su uso podría constituir una "grave violación del derecho internacional".
El asunto regresó a la agenda política durante la visita realizada el 8 de octubre a Portugal por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y fue planteado una vez más al día siguiente en el Parlamento durante una comparecencia del primer ministro Luis Montenegro.
Al presentar la denuncia, el coordinador del Bloque de Izquierda, José Manuel Pureza, dijo que o bien el Gobierno aceptó lo que describió como una grave violación del derecho internacional y de las leyes portuguesas, o bien careció de la determinación política para distanciarse de la presunta ilegalidad.
Amnistía Internacional también instó al Gobierno portugués a aclarar su posición sobre el uso de la base antes de la visita de Rubio.
"Las autoridades portuguesas deben indicar claramente a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se puede utilizar la Base Aérea de Lajes para cometer crímenes de guerra", indicó la semana pasada en una declaración Joao Godinho Martins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal.
La investigación se produce en medio de las elevadas tensiones regionales luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero. Irán ha tomado represalias con ataques contra objetivos en Israel y en países que albergan intereses estadounidenses, incluyendo bases militares y otra infraestructura en la región del Golfo.
La Base Aérea de Lajes, ubicada en la isla Terceira, ha servido durante mucho tiempo como una instalación estratégica para las operaciones militares de Estados Unidos en todo el Atlántico. Su uso es regido por acuerdos bilaterales entre Portugal y Estados Unidos.
