LA PAZ, 29 may (Xinhua) -- Bolivia ingresa hoy viernes a su quinta semana de crisis política, atrapada entre carreteras bloqueadas y un creciente desgaste económico que golpea a millones de ciudadanos debido a la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos.
Hasta el mediodía de esta jornada se registran casi 80 puntos de bloqueo en toda la geografía nacional, especialmente en el departamento de Cochabamba (centro), aunque el epicentro del conflicto son las ciudades de El Alto y La Paz, ambas ubicadas en el departamento de La Paz (oeste).
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que los cortes de ruta continúan en aumento mientras fracasan, por ahora, los esfuerzos de mediación impulsados por organizaciones de la sociedad civil y el vicepresidente Edman Lara.
Las filas de vehículos en estaciones de servicio, los mercados con menor oferta de productos básicos y el constante aumento de precios se han convertido en parte del paisaje cotidiano en las urbes cercadas, donde miles de familias enfrentan dificultades para abastecerse.
El impacto económico ya alcanza dimensiones alarmantes, de acuerdo con la Cámara Nacional de Industrias, que cifra las pérdidas en más de 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 por ciento del Producto Interno Bruto.
Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó daños por más de 1.000 millones de dólares en sectores productivos y exportadores.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que solo las exportaciones dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas de paralización.
Según el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, la conflictividad deteriora la confianza de inversionistas y turistas.
"¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?", cuestionó.
Mientras, el economista Luis Fernando Romero Torrejón sostuvo que los efectos ya impactan al empleo, la inflación y el déficit fiscal, y advirtió que Bolivia podría tardar más de un año en recuperar los daños económicos provocados por el conflicto.
La crisis comenzó el 1 de mayo con reclamos salariales, pero escaló hasta incluir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025, hace apenas seis meses.
El vicepresidente Lara exhortó este viernes al Gobierno tanto como a los movilizados a ceder posiciones para abrir un espacio de diálogo.
Sin embargo, la posibilidad de acercamiento disminuyó luego de que el fiscal general, Róger Mariaca, ratificara las órdenes de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y otros líderes sindicales investigados por los bloqueos.
