QUITO, 15 may (Xinhua) -- La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó una sentencia condenatoria contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otras dos personas más por el delito de delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas rápidas e insumos médicos durante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), informó hoy viernes la prensa local.
El pedido fue presentado durante los alegatos finales del juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, un proceso que se ha extendido durante varios años debido a diferimientos y recursos legales planteados por las defensas.
La causa se inició en 2022 y, desde abril de 2025, han declarado cerca de 50 personas entre peritos y testigos.
La Fiscalía sostiene que los procesados colaboraron, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
Además de Bucaram y su hijo, el Ministerio Público pidió condena para el exagente metropolitano Leandro Berrones y el ciudadano israelí Oren Sheinman, señalados como parte de la presunta red delictiva.
Según la acusación, la organización utilizó recursos públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para movilizar la mercadería.
Peritajes y testimonios expuestos en el juicio indican que vehículos oficiales y funcionarios de la entidad participaron en el traslado de los insumos, algunos de los cuales fueron encontrados en junio de 2020 durante un allanamiento a la vivienda de Bucaram, en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
La Fiscalía también sostiene que varios implicados utilizaron uniformes e identidades falsas, simulando pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), para facilitar el transporte de las pruebas sin levantar sospechas.
Según la Fiscalía, las pruebas se comercializaban en varias provincias del país sin facturas y sin el pago de impuestos al Estado.
El tribunal deberá emitir su resolución en los próximos días.
El delito de delincuencia organizada en Ecuador contempla penas de entre siete y 10 años de prisión, que podrían aumentar en caso de agravantes.
Abdalá Bucaram gobernó Ecuador entre 1996 y 1997, cuando fue destituido por el Congreso por "incapacidad mental para gobernar".
Desde entonces, ha enfrentado varios procesos judiciales y ha mantenido presencia en la política ecuatoriana.
