Justicia ordena prisión preventiva para expresidente del Banco Central de Bolivia y otros exejecutivos | Spanish.xinhuanet.com

Justicia ordena prisión preventiva para expresidente del Banco Central de Bolivia y otros exejecutivos

spanish.news.cn| 2026-05-13 05:23:45|
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LA PAZ, 12 may (Xinhua) -- La justicia boliviana determinó este martes la prisión preventiva del expresidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, y de varios exejecutivos de la entidad estatal investigados por presuntas irregularidades en operaciones con bonos soberanos que presuntamente provocaron un daño económico superior a los 140 millones de dólares.

La decisión fue asumida por una Sala Penal de La Paz durante una audiencia de apelación que revocó la detención domiciliaria dispuesta antes por un juez cautelar.

La nueva resolución establece dos meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz (oeste) para Rojas y para los exejecutivos Pascual Oswaldo Quelali, Oscar Ferrufino y Sergio Colque, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

"El tribunal ha determinado revocar la detención domiciliaria y disponer la detención preventiva", señaló el fiscal tras concluir la audiencia judicial.

Torrez agregó que también se desarrollaron audiencias cautelares contra otros dos implicados, Rolando Olmos, quien recibió detención preventiva, y Renán Franco, quien obtuvo arresto domiciliario.

Según la Fiscalía, ya fueron emitidos los mandamientos judiciales correspondientes y la Policía es la encargada de ejecutar las órdenes.

La investigación se centra en un intercambio de bonos soberanos realizado en 2024 por el Banco Central de Bolivia, una operación que ahora es cuestionada por el Ministerio Público debido al presunto perjuicio económico ocasionado al Estado.

De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios negociaron bonos soberanos con entidades financieras a precios cercanos al valor total de adquisición, pese a que esos títulos se cotizaban en mercados internacionales entre un 54 por ciento y un 57 por ciento de su valor nominal, esa diferencia habría generado un daño económico superior a 140 millones de dólares para el Estado boliviano. 

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